Un juez pidió más datos sobre la compra y la composición de los fármacos que se aplican a niños; el gobierno apelará la medida y tildó al fallo de “disparate”
MONTEVIDEO.- Para el gobierno de Uruguay es una pausa, una molestia y un papelón. Esas son las sensaciones que transmite la administración de Luis Lacalle Pou tras recibir una sentencia que no encuentra antecedentes en el mundo.
El magistrado Alejandro Recarey ordenó al gobierno uruguayo “la suspensión inmediata de las vacunaciones contra el SarsCov-2 (Covid-19), a menores de 13 años de edad, bajo apercibimiento de desacato”. El plan de vacunación, que venía a buen ritmo, quedó frenado minutos después de conocerse la sentencia.
Y además, en otra sentencia, falló contra el Ministerio de Salud Pública a que se “abstenga de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria” o se “imponga un trato diferencial” a personas para salir o entrar a Uruguay por su condición de “no vacunadas”.
Pausa, enojo y vergüenza. “Una pausa”, porque el gobierno siente la seguridad plena que un tribunal de apelaciones dará vuelta el fallo sin demora.
“Una molestia”, porque debió poner en pausa un sistema que venía funcionando con intensidad y con agenda para muchos niños.
“Un papelón”, porque el fallo del magistrado expone a Uruguay como un país en el que un juez puede fallar de esa manera, como no ha pasado en otro lado.
Los fallos judiciales de este jueves 7 contra las vacunas anti Covid y la exigencia de PCR, sacudieron a la opinión pública, que ha adherido masivamente a la campaña de inoculación por virus SAR-CoV-2, y además provocaron que el gremio de médicos y la sociedad de pediatría salieran al cruce del juez que firmó la sentencia.
“Eppur si mouve”, es el título de la carta pública que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hizo circular luego del impacto del fallo adverso. Lo hizo en referencia a la frase célebre que Galileo Galilei habría pronunciado ante el tribunal de la Inquisición por el movimiento de la tierra. Salinas, el ministro de mayor simpatía popular del Uruguay cuestiona el fallo del juez Recarey. “Muchos uruguayos menores de 13 años ya pudieron recibir las dosis necesarias, pero otros NO. A ellos se les está negando injustamente su derecho”, escribió el ministro.
“Poner en duda la seguridad y eficacia de las vacunas implica un grave perjuicio al status vacunal y sanitario logrado en nuestro país”, aseveró Salinas, quien es uno de los candidatos a presidir la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Sintonía
El movimiento anti-vacunas, minoritario pero persistente, se anotó dos tantos en Uruguay con fallos de un juez que dispuso frenar la vacunación a niños y amparar a dos mujeres que no quieren hacerse el test Covid. Son pocos, pero tienen respaldo de un legislador y un abogado de trayectoria en la militancia de izquierda radical, y supieron encontrar el momento oportuno para presentar sus denuncias. “No creo en las coincidencias”, dijo uno de los hombres de gobierno que estaba más enojado con el fallo, en alusión a que los denunciantes buscaron el turno de Recarey para iniciar el trámite.
Los antivacunas veían, a raíz de una sentencia anterior, cierta sintonía del juez con una revista digital que ha hecho bandera del movimiento contrario a la vacunación.
“Los fallos se acatan, pero se pueden criticar y este es un disparate”, dijo el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, cuyo rol es como el de un jefe de gabinete argentino. No ocultó su enojo con el magistrado y dijo que el gobierno preparó la apelación inmediata del fallo judicial por considerarlo “inadmisible” y que “pone en riesgo la salud de los menores”.
Delgado citó tramos del fallo que le generaron enojo, como cuando el juez dice “que dicta (la sentencia) entre otras cosas porque el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las empresas farmacéuticas privadas”. Esa acusación levantó temperatura en Casa de Gobierno.
“Estoy muy preocupado y hay muchos que están indignados”, dijo Delgado, y agregó: “No me siento muy orgulloso como uruguayo del fallo”.
Las reacciones fueron de todo el arco político, y la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustemberg, expresó rechazo a la sentencia y advirtió sobre el riesgo de generar un antecedente judicial de esta manera. “Nuestro país ha sido reconocido por sus políticas de salud pública en la protección y prevención de enfermedades a través de la vacunación.
De mantenerse la decisión judicial, constituirá un antecedente peligroso en cuanto atenta contra la libertad de “algunas” personas de optar por vacunarse, el principio de igualdad por ser totalmente discriminatorio y el avasallamiento en relación a las políticas sanitarias que se han venido implementando, sustentadas en una amplísima red de evidencia, y opinión de expertos de todas las áreas”. La diputada es médica y especializada en primera infancia.
Con una población total de 3.5 millones de personas, el Uruguay lleva aplicadas 8.691.733 dosis de vacunas contra este coronavirus. Casi tres millones de uruguayos (2.997.777) recibieron una dosis, 2.888.475 tuvieron la doble vacuna y un poco más de dos millones de personas lograron la triple dosis. Además, 750 mil uruguayos recibieron la cuarta vacuna.
La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) emitió una declaración para cuestionar la decisión del juez Recarey y reafirmó su “opinión favorable y recomendación” de que las vacunas anti Covid son “seguras y efectivas”. “Desde el punto de vista científico no ha existido ningún tipo de cambio que avale esta interrupción en la vacunación de dicha población”, agregó la sociedad de pediatras.
Desde Casa de Gobierno, la mano derecha del presidente, Delgado, expresó un deseo: “Esperamos que la apelación salga rápida, bien rápida”, confiado en que la suspensión de Recarey dure poco más que un suspiro.
Fuente: La Nación
