Una resolución de la justicia argentina puede marcar un precedente clave en las disputas del Estado con empresas privadas. Una cautelar de la Cámara Contencioso Administrativo Federal bloqueó un arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (organismo de consulta de la ONU) que había ordenado pagarle casi USD 70 millones a una empresa quebrada de los Bulgheroni, que luego de liquidada compró Alberto Pierri.
Se trata de una vieja disputa con la firma Papel de Tucumán SA, fundada por el grupo Bulgheroni luego declarada en quiebra y vendida por la justicia a Pierri, que la rebautizó como Papelera Tucumán SA. La pelea data de cuando la empresa estaba en manos de Bulgheroni y reclamó por incumplimientos en un contrato de promoción industrial del desaparecido Banco Nacional de Desarrollo (Banade), que a la vez reclamaba en su momento deudas a la empresa por préstamos no cancelados y abusos de beneficios del régimen de promoción.
Allegados al empresario Alberto Pierri afirmaron que ellos no son parte del juicio y que tampoco saben quien debería cobrar el fallo de la sentencia bloqueada, ya que en su caso fueron los compradores de una empresa liquidada que tiene una razón social distinta a la que interpuso la demanda.
En la década del 90, el gobierno de Menem decidió que el conflicto podría resolverse en un tribunal arbitral, aunque esto fue desconocido durante el kirchnerismo que determinó que el tema debía dirimirse en tribunales locales. Pero el reclamo de la papelera ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) continuó.
Durante todo el proceso, el Estado argentino negó la jurisdicción del tribunal arbitral del CCI para intervenir en el asunto y sostuvo que el derecho aplicable es el derecho argentino, ya que no había ningún un acto administrativo en el que el Poder Ejecutivo se comprometiera a resolver las controversias de esa forma.
En 2011 el Tribunal del CCI rechazó ese planteo en un laudo parcial y el Estado inició entonces una causa en el fuero contencioso para que se declare la nulidad de esa resolución. Hasta la fecha, ese proceso no tuvo definiciones.
Sin embargo, en marzo de este año el tribunal arbitral del CCI dio su sentencia y condenó al Estado argentino a pagarle 67.123.151 dólares a Papel de Tucumán y «un interés equivalente al Libor USD a un año desde la fecha en que el laudo se notifique a las partes hasta la fecha de su pago efectivo», lo que agrandaba sensiblemente la cuenta.
Ante esto, la Procuracion del Tesoro que dirige el salteño Bernardo Saravia Frías, interpuso un recurso de nulidad contra el laudo final y pidió que se dictara una medida cautelar que ordene la suspensión de la ejecución de la sentencia.
Esa cautelar fue concedida en julio (aunque recién trasciende ahora) por la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal con la firma de los jueces Clara do Pico, Liliana Heiland y Rodolfo Facio, quienes ordenaron la suspensión de la ejecución del laudo hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre el planteo que el Estado hizo en 2011.
Fuentes judiciales explicaron que la resolución de la Cámara es interesante porque por primera vez bloquea un fallo de un tribunal arbitral internacional y es un antecedente importante para otras negociaciones en controversias con empresas por incumplimientos.
Fuente: La Política Online
