Un informe elaborado por Defensoría ante la Suprema Corte bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS arrojó que las cárceles del distrito con mayor población carcelaria presentan una grave crisis humanitaria.
La Defensoría ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizaron un informe donde informaron sobre la grave situación que se vive en las cárceles del territorio bonaerense. Para realizar el relevamiento, los organismos tomaron como parámetros la sobrepoblación y el hacinamiento que existen en los centros de detención y resaltaron que la población carcelaria se encuentra ante «una grave situación en la que se están vulnerando los derechos humanos». El nivel de hacinamiento que existe actualmente en dichas cárceles es alarmante, «incluso el Estado Provincial reconoce que aloja unas 10000 personas por encima del cupo fijado por el propio Ejecutivo (sin contar las personas alojadas en comisarías)». En esa línea, añadieron que «el récord histórico de personas detenidas, aumentan las tasas de prisionización y persisten las denuncias por torturas y malos tratos, sumado a las pésimas condiciones de atención a la salud y deficiencias en la infraestructura, que caracterizan a las cárceles de la provincia».
Los organismos encargados del estudio fueron tajantes al expresar que «el Estado Provincial no sólo no informa cómo habrá de resolverlo sino que promueve la sanción de un nuevo código de procedimiento penal que, como resultado inmediato, generará un mayor caudal de ingresos al sistema penitenciario». Para tratar de encontrar una situación, los firmantes elevaron su preocupación a la Corte provincial para que «se adopten medidas orientadas a ponerle un freno a esta vicisitud que está teniendo lugar en los penales bonaerenses». Puntualmente, le solicitaron al Máximo Tribunal que conforme «un comité de emergencia por sobrepoblación que tenga la tarea de definir las plazas disponibles y de tomar decisiones específicas para bajar la cantidad de personas privadas de la libertad». Asimismo, pidieron que «se generen directrices para que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal y controle el cumplimiento de la orden dictada en diciembre de no alojar detenidos en lugares inhabilitados». Finalmente, los organismos señalaron que «esta situación de crisis humanitaria fue advertida este año por el Relator contra la Tortura y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. El incumplimiento de las normas internacionales que son parte del sistema normativo argentino puede ser motivo de sanción al Estado Argentino por parte de organismos de protección de los DDHH». El estudio fue hecho con el objetivo de evaluar la situación de las personas privadas de su libertad en la Provincia y los resultados advirtieron que la crisis humanitaria se agravó en las cárceles bonaerenses.
Fuente: Diario Judicial
