La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró hoy competente para juzgar las dos denuncias presentadas por Ucrania contra Rusia por el presunto apoyo del Kremlin a los separatistas prorrusos en la región ucraniana de Donbás y la supuesta discriminación en Crimea.
Kiev había acudió a la CIJ en junio de 2017 para denunciar a Rusia por el presunto incumplimiento de la Convención para la Supresión de la Financiación al Terrorismo en Donbás y de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en Crimea.
En marzo de 2014, Rusia anexionó a su territorio la península ucraniana de Crimea y un mes después estalló el conflicto armado en las provincias de Donestk y Lugansk, que forman la región de Donbás, en el este de Ucrania, entre las tropas ucranianas y los separatistas prorrusos.
La CIJ se consideró ahora competente para entender en los dos temas porque, según explica en su fallo, se cumplieron los requisitos previos que establecen las dos convenciones antes de ir a La Haya, que pasan por intentar llegar a un acuerdo mediante negociaciones. En ningún caso tuvieron éxito, apunta la Corte Internacional de Justicia.
En lo relativo a Donbás, la CIJ determinará si Rusia incumplió su obligación de «tomar las medidas necesarias y cooperar para la prevención y supresión de los actos de financiación del terrorismo cometidos por cualquier persona», y si los actos de estas personas pueden atribuirse al Estado ruso, reportó la agencia DPA.
En cuanto a Crimea, el tribunal debe establecer si las restricciones que, según denuncia Ucrania, impusieron las autoridades rusas a las minorías tártara y ucraniana, dos grupos étnicos protegidos por la convención, los privaron de sus derechos.
Rusia presentó una serie de objeciones preliminares a las dos denuncias el 12 de septiembre de 2018, pero la CIJ las rechazó por una amplia mayoría.
El Gobierno de Vladimir Putin, que siempre negó cualquier vinculación directa con los separatistas prorrusos en Donbás, advirtió a la CIJ de que Ucrania pretende usar este caso para conseguir una resolución judicial sobre la anexión de Crimea.
Fuente: Grupo La Provincia