La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió cuatro apelaciones planteadas en contra de la desaprobación de las rendiciones de cuentas de las campañas electorales presidenciales y nacionales de 2015, de las alianzas Cambiemos, Frente para la Victoria (FpV), Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) y Compromiso Federal.
En sus decisorios, los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera señalaron que aunque aquéllas fueron desaprobadas, el juez de primera instancia deberá avanzar con la pesquisa, para esclarecer diversas situaciones que fueron informadas por las auditorías contables, con el objetivo de conocer efectivamente el origen y destino de los fondos de campaña. Entre las principales cuestiones que deberán ser investigadas, los magistrados enunciaron la necesidad de corroborar la autenticidad del origen de algunos aportes privados, para lo cual requirieron que las personas que figuran como contribuyentes confirmen que, efectivamente, pusieron dinero. También reclamaron que se indague sobre la existencia de aportes que podrían encuadrar en las prohibiciones legales (por ejemplo, de empresas). Frente a esa posibilidad, indicaron que es necesario citar a brindar declaración testimonial a quienes tienen un vínculo relevante con sociedades que carecen de capacidad legal para contribuir al financiamiento de los partidos políticos.
En tanto, dispusieron que se ahonden las averiguaciones sobre gastos de campaña no declarados que fueron descubiertos mediante relevamientos y monitoreos dispuestos por la CNE, tales como anuncios en la vía pública; actividad en redes sociales, erogaciones informados por proveedores y no declaradas por los partidos; publicidad en medios gráficos e, incluso, gastos de campaña anticipados, es decir, producidos antes del inicio del período legal. Con argumentos fundados en abundantes citas de doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, la alzada reseñó las medidas que ha ido adoptando a partir del precedente que dictó en 2002, que le imprimen un rol activo para alcanzar la verdad jurídica objetiva sobre el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas. En ese contexto, señaló la necesidad de ampliar la composición del Cuerpo de Auditores Contadores, en atención al volumen de información que debe ser fiscalizada y a la premura por acelerar los tiempos de tramitación y resolución de de causas como la llevada a su conocimiento. Al destacar la trascendencia de la materia, el tribunal enfatizó que lo que está en juego es “la lealtad en la lucha por el poder público y, por ende, la transparencia de los actos que conducen a la voluntad pública; en última instancia, la salvaguardia del principio democrático”.
Fuente: Comercio y Justicia
