El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad falló en contra del pedido de una madre que reclamaba una vacante para su hijo de dos años en un jardín de infantes porteño. Consideró que en el período en que la educación no es obligatoria, es decir, desde los 45 días hasta los tres años, no existe una obligación del Estado local de ofrecer vacantes a todas las niñas y los niños que lo requieran.
Además, el máximo tribunal determinó que las vacantes disponibles deben asignarse con prioridad a las familias en condiciones vulnerables.
En el amparo presentado ante la Justicia, la mujer relató que inscribió al niño en «la sala de dos años» en determinados jardines de infantes de gestión estatal, a través del sistema de inscripción online, y que el 17 de noviembre de 2017 no le asignaron ninguna vacante, por lo que quedó en lista de espera. Apoyándose en elartículo 24 de la Constitución porteña, que establece que «la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior», la mujer pedía que se ordenara al gobierno porteño la incorporación del menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable de su domicilio o, en su defecto, y de manera subsidiada, le hiciera lugar en un establecimiento de gestión privada.
Ninguna de las dos alternativas finalmente sucedió, y si bien la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario había avalado el reclamo de la madre inicialmente, luego el fallo del TSJ hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad que interpuso el gobierno porteño para revocar esa medida. En un voto casi unánime, cuatro a favor y solo uno en contra, el órgano judicial desestimó la denuncia de la familia sin vacante.
Y, ayer, legisladores kirchneristas y de izquierda presentaron un pedido de juicio político contra los jueces Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, tras calificar el fallo de inconstitucional y discriminatorio.
Consultados por LA NACION, desde el Ministerio de Educación porteño respondieron que «la Ciudad garantiza el derecho a la educación y cumple con la totalidad de las vacantes desde los cuatro años en adelante para todos los chicos».
Privatizado
La falta de vacantes es, en realidad, un problema sin resolver desde hace mucho tiempo en todo el país. El nivel inicial es el más privatizado del sistema educativo. A nivel nacional, uno de cada tres niños va a un jardín privado. A medida que la edad baja, hasta llegar a lactantes y deambuladores, el porcentaje aumenta y solo la sala de cinco presenta niveles de matrícula estatal similares a los otros niveles obligatorios (primario y secundario), donde siete de cada diez alumnos van a una escuela de gestión pública.
Los datos surgen de un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, elaborado a partir de una plataforma interactiva que contiene casi 70 millones de registros públicos sobre indicadores fundamentales relacionados con la educación.
Según las conclusiones del informe, el déficit de oferta estatal de jardines maternales y de infantes supone que en ciertas zonas del país solo acceden a la educación inicial aquellos que pueden pagar por ella. «Hay datos muy significativos cuando se analiza la situación en las distintas regiones. Y la sala de tres es una de las muestras más claras de la desigualdad según las provincias», señaló Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo del observatorio. Hay once provincias donde predomina la asistencia a jardines privados, entre las que figuran San Juan, Mendoza y Formosa, con los registros más altos. En la Capital, según el informe, el 61% de los chicos en sala de tres asisten a instituciones privadas; en la provincia de Buenos Aires la situación se invierte.
Fuente: La Nación.
