“La Justicia es el bastión del patriarcado”, dice Mila Montaldo, coordinadora de la Comisión de Género de la Asociación Civil Justicia Legítima. Desde ese espacio, piden que la reforma judicial que impulsa el Gobierno avance “hacia una justicia de género”. Reclaman en primer lugar, que la comisión de expertxs que asesorará al presidente Alberto Fernández en el tema sea paritaria y que además, se contemple que sus integrantes tengan perspectiva de género.
“El proyecto que impulsamos tiene tres ejes interrelacionados entre sí: transversalizar una mirada jurídica de género en la justicia federal; descolonizar el sistema de justicia, entre otras cuestiones, incorporando la interdisciplina; y democratizar el sistema y funcionamiento judicial, donde una composición igualitaria, que refleje la diversidad de la comunidad, la paridad de género, el cupo laboral trans, indígena, de personas con discapacidad, debe ser una regla a cumplir”, explicó Montaldo, en una entrevista con Página/12.
Montaldo es trabajadora social y coordina la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Durante la cuarentena promovió la conformación de una mesa, en la que participan los gobiernos local, provincial y nacional junto a organizaciones de la diversidad, para avanzar en la restitución y reparación de derechos de la población trans y travesti en situación de prostitución en la llamada “zona roja” de la ciudad balnearia.
-¿Cómo avanzar hacia una justicia de género?
– Hay que pensar la reforma judicial, con sentido crítico, democrático y eminentemente empírico en pos de resolver las asimetrías que se dan hacia el interior del sistema e impactan en la administración de justicia constituyéndola verticalista, clasista y patriarcal. Para pensar una transformación del servicio de justicia, en el análisis no podemos dejar de considerar que el Poder Judicial, como tal, ha sido el “garante” del sostenimiento de un status quo, conservador y resistente a los cambios, a diferencia de los otros dos poderes del Estado. Eso lo ha convertido en el poder más regresivo y menos controlado de los tres que hacen al orden republicano. Es un sistema que tiene mucho de poder y poco de servicio, basado en la cultura patriarcal y hegemónica del discurso y en un accionar heteronormativo y de clase.
A comienzos de julio, como coordinadora de la Comisión de Género de Justicia Legítima, Montaldo moderó un conversatorio con el título: ¿”Es posible una Justicia de género en el marco de la Reforma Judicial?”, en el que expusieron la asesora presidencial e historiadora feminista Dora Barrancos, la filósofa Diana Maffía, coordinadora del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires; la ex procuradora general, Alejandra Gils Carbó; la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, y la senadora nacional del PJ por Chaco e integrante del Consejo de la Magistratura, María Inés Pilatti. Con la Ley Micaela no alcanza para incorporar la perspectiva de género en los tribunales, se coincidió en el panel. Sirve para evitar errores groseros, pero no para transformar las cabezas. Además, su aplicación en la Justicia es lenta.
-Como ocurre en otros espacios de poder, las mujeres no llegan a los cargos jerárquicos en la Justicia.
-Según el mapa de género de la oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en términos de personal administrativo, el 61 por ciento son mujeres, pero cuando se va ascendiendo en la pirámide se observa que el 44 por ciento son funcionarias y el 28 por ciento de mujeres cumple roles jerárquicos: 25 por ciento, entre camaristas; en la Defensoría General de la Nación, son un 37 por ciento; en la Procuración General de la Nación, 28 por ciento y en las cortes, la diferencia es aún más notable entre ministras y ministros. Hay una disparidad porque no se produce una democratización. Las mujeres quedan relegadas de los cargos jerárquicos. Por las tareas de cuidado históricamente asignadas a las mujeres, no tienen la misma disponibilidad de tiempo para hacer cursos de posgrado, especializaciones, entonces es muy difícil que lleguen a los concursos. Un estudio de la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) del Ministerio Público Fiscal de la Nación encontró que del total de fiscales designadas/os por concurso entre 2000 y 2016 -187 nombramientos-, el 27 por ciento son mujeres (51) y el 73 por ciento (136), varones. Vamos a acompañar todas las políticas de este Gobierno pero para que la perspectiva de género sea una política de Estado creemos que tiene que ser transversal a todos los poderes, incluido el Judicial.
-El hecho de que haya más mujeres no garantiza la perspectiva de género.
-Claro, en la justicia hay muchos fallos de juezas que van en contra de los derechos de las mujeres. La paridad es un avance importante, pero en ese marco se debe propiciar que tengan perspectiva de género y derechos humanos. Cuando desde la estructura y mecanismo de selección de magistrades se invisibiliza la desigualdad estructural de género y con ella las brechas de género, la misma impronta se irradia en todo su actuar sea en las dinámicas de discriminación internas como en el abordaje de las causas a través del inequitativo acceso a la administración de justicia. Esta impermeabilidad a la perspectiva de género impone una ceguera que recae en la interpretación y comprensión normativa de las desigualdades sociales económicas, políticas, sociales, culturales, históricas, materializada en ese hacer de la justicia donde el género es una de las cuestiones nodales.
-¿Qué pasa con la formación en las universidades? La incorporación de la perspectiva de género sigue siendo una especialización y no está transversalizada aún en las escuelas jurídicas.
-También entendemos como requisito para ingresar al Poder Judicial que todes les aspirantes, a cualquier cargo, deben necesariamente atravesar y aprobar una instancia de formación con enfoque de derechos humanos e igualdad de género. La trayectoria, la formación específica y los saberes adquiridos por la experiencia en el trato con la persona vulnerada en sus derechos deben tener una mayor valoración a la hora de decidir quién integra una terna. Si bien la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Dirección de Políticas de Género y la Unidad Fiscal Especializada en contra de las Violencias contra las Mujeres (UFEM) en la Procuración General de la Nación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Comisión sobre Temáticas de Género en la Defensoría General de la Nación, o sus hermanas administradas por los tribunales superiores de provincias, o las áreas temáticas o programas instaurados en fiscalías o defensorías, son ejemplo de estas nuevas instancias organizacionales enfocadas en cuestiones de mujeres o de género, que en un número menor de casos se dedican también a cuestiones de diversidad sexual, no involucra una mirada política transversal de género en la Justicia.
-¿Qué significa descolonizar la Justicia?
-Nos parece muy importante pasar a un modelo acusatorio, sin perjuicio que distribuir el poder entre jueces y fiscales no significa descolonizar. Desconolonizar significa democratizar el saber. La Justicia entendida como una herramienta empírica que sólo consista en la aplicabilidad de una normativa es parcial, arbitraria, e irreal. El sistema judicial como está establecido es un campo monopólico del Derecho, pero la complejidad de los conflictos sociales, de intereses, etc. a resolver demandan en la actualidad de una mirada holística, lo cual requiere de la incorporación de otros saberes, una integración interdisciplinaria y no desde una lectura subsidiaria o auxiliar del Derecho. Esta concepción metodológica de trabajo interdisciplinar significa deponer al Derecho como el saber absoluto hegemónico. La violencia de género en su interseccionalidad es un fenómeno social resultado de la asimetría social económica, política, e histórica; paradójicamente el actual sistema de justicia responde desde la unidimensionalidad y la fragmentación del problema y se reproduce una lectura parcial, distorsionada de la cuestión que está muy lejos de ofrecer una solución a esa mujer o femineidad travesti trans, o a lxs niñes.
-Hay un abismo entre justicia y ciudadanía. El lenguaje críptico, poco claro, la aleja de la comunidad.
-Este poder se caracteriza por no tener comunicación real y directa con la comunidad. Esta incomunicación es otro aspecto de la génesis del problema; si bien el tecnicismo y la formalidad en otra época se pensaron para garantizar que una persona no sea víctima de una arbitrariedad, hoy funcionan como una barrera. La realidad es que una persona necesita alguien que le interprete la resolución judicial. No existe una identificación con ese lenguaje, por ende tampoco se ven reflejadas en ese discurso antiguo y fuera de uso con el que se manejan los escritos judiciales. No sólo debe incorporar un lenguaje inclusivo, igualitario sino también sencillo y accesible.
Fuente: Chaco por Día
