El caso: La parte demandada interpone recurso de apelación en contra de la resolución del juez de primera instancia que desestima el pedido de caducidad de un embargo preventivo, por considerar que tal solicitud lucía como una conducta abusiva en los términos del art. 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, por encontrarse las partes en tratativas extrajudiciales. Se agravian entendiendo que los presupuestos necesarios para la procedencia de la caducidad estaban cumplidos y que la existencia de tratativas extrajudiciales no es causal de justificación para repeler el instituto. De igual manera se agravian de la imposición de sanciones procesales por no cumplirse los requisitos establecidos por ley. La Cámara resuelve hacer lugar parcialmente al recurso, manteniendo el rechazo de la solicitud de caducidad del embargo preventivo pero revocando la aplicación de sanciones del art. 83 del CPCC dispuestas en contra de los apelantes.
1. La caducidad prevista en la norma del art. 465, CPC., una de sus funciones, es la de sancionar a aquel litigante negligente que abandonó el proceso. Sin embargo, es también –y principalmente- dispuesto a favor del embargado, a los fines de que no se encuentre perjudicado infinitamente. De esta forma, la protección del embargado es una pauta rectora a la hora de razonar este instituto.
2. Las tratativas extrajudiciales no gozan de entidad para generar un efecto suspensivo sobre el trámite. Los plazos de caducidad no se suspenden ni interrumpen, excepto disposición legal en contrario (art. 2567 CCCN). Siguiendo esta pauta, no se encuentra previsto, de la letra del artículo 465 CPCC, que la existencia de negociaciones extrajudiciales, suspendan el plazo para pedir la caducidad del embargo.
3. Las gestiones extrajudiciales interrumpen el curso de la caducidad sólo cuando se hubiera dejado constancia escrita de ellas en las actuaciones, antes de cumplido el término legal (en este sentido: esta CNCom, esta Sala A, 19.07.2007, «Compañía Crusade SA c/ Cencosud SA s/ Beneficio de litigar sin gastos»; íd, Sala D, 28.9.2000). Los actos que producen la interrupción del curso de la caducidad son solamente aquellos que revistan —además de otros requisitos— la virtualidad de ser considerados actos procesales — esto es, peticiones o diligencias que se encuentren estampadas en el expediente judicial— (Sup. Corte Bs. As., 1/10/1996, «Amples Asesoría Publicitaria v. Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa», Juba sumario B81444).
4. El instituto del abuso del derecho se configura a través de un ejercicio anti funcional de un determinado derecho propio, que contraría lo razonable y lo justo. Para que se configure se requiere que un derecho sea ejercido de un modo injusto, inequitativo o irrazonable, con afectación de los derechos de otros (Herrera, M., Caramelo, G., & Picasso, S. Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Infojus, Buenos Aires, 2015, Tomo I., pág. 38).
5. Capturas de pantallas y transcripciones de audios -algunos fragmentos reconocidas por la contraria- resultan insuficientes para deducir que existió un contexto de negociaciones vigente del que pueda decirse con total certeza que hubo una voluntad común de suspensión de plazos o algún acuerdo –aunque sea tácito- de que las partes iban a paralizar sus pretensiones. No se vislumbra ninguna limitación legal que prohibiera el pedido de caducidad, teniendo en cuenta que esta era la única vía legal disponible para ejercer su derecho de defensa respecto a una medida que, naturalmente, puede resultarle sumamente perjudicial y –sobretodo- no contando con los elementos objetivos necesarios para conformar una convicción inequívoca de que la actuación de la contraria resulta abusiva.
Civil y Comercial
Número
347
Fuero: Civil y Comercial,
Tribunal: Cám. Civ. y Com. de 1ª Nom. (Córdoba),
Voces: derecho procesal, medidas cautelar, embargo preventivo, abuso del derecho, tratativas extrajudiciales,
