Tras la revisión de sus absoluciones por parte de la Cámara Federal de Casación, el Tribunal Oral Federal de Jujuy los condenó porque en plena pandemia del COVID-19, con las fronteras con países vecinos cerradas, los acusados usaron un móvil policial para intentar el paso de un camión repleto de mercadería e insumos sanitarios hacia Bolivia.
El jefe y subjefe de la Subdelegación La Quiaca de la Policía Federal, oficiales Cristián Javier Bejarano y Milton Martín Cano, fueron condenados a la pena de 4 años y 8 meses de prisión como coautores del delito de contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, todo ello en grado de tentativa.
La condena fue dictada el lunes 7 de marzo pasado a instancia del fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, quien también logró que otros cuatro cómplices sean condenados por el mismo delito, aunque con penas menores.
Se trata de los hermanos Luis, Paul y Fabián Saiquita, condenados a cuatro años y tres meses de prisión, mientras que Eduardo Laime, quien hacía de chofer, recibió una pena de dos años de prisión en suspenso, por ser considerado partícipe necesario.
El juicio tuvo un primer fallo favorable para los acusados el año pasado, pero un recurso de la fiscalía revirtió las absoluciones ante la Cámara Federal de Casación Penal. En el caso intervino el Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por Alejandra Cataldi (presidenta), Marta Snopek y Abel Fleming. Este último magistrado se incorporó en una segunda etapa del debate debido al fallecimiento del juez Mario Juárez Almaraz, quien era vocal titular de ese cuerpo.
El caso se inició a partir de la detención de Laime y los hermanos Saiquita, registrada el 22 de abril de 2020, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando personal del Escuadrón 21 “La Quiaca”, de la Gendarmería Nacional, interceptó un camión cargado con mercadería que se dirigía a Bolivia con las luces apagadas. En septiembre, en tanto y a raíz del resultado del análisis de los teléfonos celulares secuestrados, se avanzó con la detención de los policías.
La patrulla de gendarmes vigilaba la frontera en la puna jujeña cuando advirtió un camión que se dirigía a Bolivia. A modo de coche puntero iba un móvil de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, en el que viajaban los jefes principales de esa unidad.
En el debate, el fiscal Zurueta resaltó que al momento del hecho estaban vigentes varias medias sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia por el COVID-19, entre ellas el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y el cierre de las fronteras con países vecinos.
La patrulla de gendarmes vigilaba la frontera en la puna jujeña cuando advirtió un camión que se dirigía a Bolivia. Ocurrió en el paraje Ojo de Agua, una zona que fue descripta por el representante del Ministerio Público Fiscal como paso obligado para acceder al vecino país.
Lo que más llamó la atención de los gendarmes, sin embargo, no fue sólo el camión Mercedes Benz 710, sino que, por delante y a modo de coche puntero, iba un móvil de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, en el que viajaban los jefes principales de esa unidad y Fabián Saiquita.
El convoy, que estuvo a 500 metros de traspasar la frontera, fue detenido y se constató que, en su interior, el camión llevaba mercadería por un valor de más de 841 mil pesos. Gran parte de la carga eran insumos sanitarios muy valiosos por su uso para la prevención del coronavirus. A ello se suma la valuación del rodado, estimada en más de 900 mil pesos.
Acusación
A partir de este procedimiento, el secuestro de teléfonos y otras pruebas producidas por la fiscalía, el 24 de abril y el 8 de septiembre de 2020 se formalizó la acusación contra los seis acusados y se avanzó con la investigación hasta junio de 2021, cuando se inició el juicio de responsabilidad penal.
En esa instancia, el fiscal presentó numerosos testigos y mediante la exposición de otras pruebas, como las comunicaciones previas mantenidas por los acusados, demostró la culpabilidad de los dos jefes policiales y de sus cómplices, con quienes llevaban adelante la empresa delictiva.
Entre las pruebas, aportó las llamadas que los jefes Bejarano y Cano hicieron a gendarmes e incluso funcionarios de mayor rango del Escuadrón 21 para conocer de antemano el resultado de algunos peritajes.
Asimismo, develó otra maniobra ejecutada para desvincularse del hecho, como la creación de un segundo libro de registro, en el cual consignaron que el día en que fueron detenidos estaban en comisión de un operativo conjunto con la Gendarmería Nacional que tenía como objetivo detener a los coimputados.
El convoy estuvo a 500 metros de traspasar la frontera. En su interior, el camión llevaba mercadería por un valor de más de 841 mil pesos en insumos sanitarios muy valiosos por su uso para la prevención del coronavirus. A ello se suma la valuación del rodado, estimada en más de 900 mil pesos.
Por otra parte, la fiscalía también echó por tierra la teoría de que los dos jefes eran víctimas de una supuesta rivalidad entre ambas fuerzas, como también los intentos de uno de ellos, Cano, por sostener que no estuvo presente cuando se produjo el procedimiento en que fue detenido.
El 6 de agosto pasado, tras escuchar los alegatos de la fiscalía, que pidió la declaración de responsabilidad penal de los acusados y de la defensa, que reclamó la absolución, el tribunal, con los votos de Snopek y Juárez Almaraz, resolvió exculpar por el beneficio de la duda a los dos jefes policiales y a los hermanos Saiquita. También se dispuso la absolución de Laime, pero con un fallo unánime.
Impugnación
El 20 de agosto pasado, el fiscal Zurueta impugnó este fallo por considerarlo arbitriario y carente de motivación suficiente para la decisión dictada. El planteo fue tratado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky -como presidente- y Javier Carbajo y Angela Ledesma, como vocales.
El 23 de septiembre, en la audiencia de sustanciación de impugnación, el fiscal general ante esa cámara, Javier De Luca, junto a la auxiliar fiscal María Florencia Di Lello, ratificaron los argumentos del fiscal Zurueta, como también el pedido para que el fallo absolutorio sea revocado y se declare la responsabilidad penal de los acusados.
El 1° de noviembre pasado, en tanto, el tribunal revisor dio a conocer su fallo. Por mayoría de votos (Borinsky y Carbajo) se resolvió declarar la responsabilidad penal de los seis acusados, en consonancia con los argumentos esgrimidos por la fiscalía.
La resolución, sin embargo, tuvo el voto en disidencia de la jueza Ledesma, quien se pronunció por el rechazo de la impugnación interpuesta por la fiscalía, decisión que motivó la presentación de otra impugnación, esta vez por parte de las defensas de los acusados.
Este planteo fue resuelto el 11 de febrero de este año por los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, de la Sala III de la misma cámara, quienes decidieron de manera unánime confirmar la decisión de sus pares.
En vista de ello, el Tribunal Oral Federal de Jujuy, ya con la incorporación del juez Fleming, del TOF 2 de Salta, retomó el debate, avanzó con el juicio de determinación de pena y resolvió la condena de los seis acusados.
Fuente: fiscales.gob.ar
