El Presidente Alberto Fernández pidió discutir la duración que deben tener los jueces en sus cargos y las entidades que nuclean a magistrados y funcionarios judiciales salieron al cruce. Advierten que establecer un plazo demanda una reforma constitucional y que esa modificación afectaría la independencia judicial.
«Lo planteo para que demos un debate. No digo que lo discutamos ahora, pero creo que es hora de poner esa discusión sobre la duración que deben tener los jueces en sus cargos». Con esta frase, el presidente Alberto Fernández cerró el Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho, pero abrió la polémica sobre la permanencia de los jueces en sus cargos.
«A mí no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se elijen. La Constitución dice que un magistrado durará en su cargo mientras dure su buena conducta. Ahora, así como podemos decir que el Procurador debe durar en su mandato una cantidad de años, lo mismo podemos decir de los jueces», continuó el mandatario y agregó: «Lo que no dice la Constitución es que los jueces durarán en su cargo hasta su muerte. ¿Si al Procurador se le puede poner un término a su mandato, por qué no a los jueces?».
Estas breves declaraciones generaron una rápida reacción por parte de las entidades y organizaciones que nuclean a funcionarios y jueces. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) salió a criticar estas expresiones al recordar que “el plazo de vigencia del nombramiento de los/as magistrados/as sólo encuentra el límite por edad previsto en el artículo 99, inciso 4°, párrafo 3º de la Constitución Nacional, y su férrea previsión se vincula directamente con el aseguramiento de la independencia del Poder Judicial”.
A su vez, la Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresó su “categórico desacuerdo con las manifestaciones” del presidente de la Nación por considerar que relativizan el “valor de la permanencia en los cargos judiciales establecida como base de la independencia judicial”.
“Resultaría contraproducente que un magistrado, quien debe resolver los casos con total independencia de espíritu, se lo someta a recibir presiones indebidas ante una eventual próxima renovación en su cargo. La eventual modificación de ese esquema constitucional (…) concierne con exclusividad al poder constituyente, que sólo puede ser movilizado de la manera prevista en el artículo 30 de la Constitución Nacional y a instancias del Congreso de la Nación”, sostuvo la entidad presidida por Marcelo Gallo Tagle.
A este rechazo se sumó la Lista Bordó y la Lista Compromiso Judicial de la AMFJN. La primera sostuvo que la «pretensión de fijar temporalmente la vigencia del mandato de las/os magistradas/os es una de las estratagemas utilizada por los regímenes autoritarios para cercenar su imprescindible independencia, que constituye la principal garantía para la existencia del estado de derecho y por consecuencia del sistema democrático».
Por su parte, la lista Compromiso Judicial repudió las declaraciones y expresó así su preocupación por considerar que se trata de «peligrosos avances discursivos sobre la inamovilidad, las funciones, las responsabilidades y normativas del Poder Judicial y los Ministerios Públicos».
A su vez, la Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial manifestó su “categórico desacuerdo con las manifestaciones” del presidente de la Nación. A través de un comunicado, la entidad sostuvo que se relativiza «el valor de la permanencia en los cargos judiciales establecida como base de la independencia judicial”.
“Es esperable desde las más altas funciones del Estad un afianzamiento de las disposiciones de la Constitución como así también el respeto a las reglas establecidas por los constituyentes para garantizar la forma de Estado republicana y democrática”.
Para la entidad presidida por Ariel Ariza, “no es bueno sembrar dudas acerca del alcance de las garantías que la Constitución Nacional Establece para proteger los derechos y garantías de la ciudadanía, siendo el mejor camino trabajar para fortalecerlas”.
Fuente: diario judicial
