Trabajos comunitarios en Cáritas o en la Parroquia de la Virgen Desatanudos y pago de compensación a sus víctimas. Fueron algunas de las ofertas de seis procesados en una megacausa por trata de personas y explotación sexual, a cambio de evitar sentarse en el banquillo.
Todos pidieron la suspensión del juicio a prueba, conocida como “probation” por las acusaciones que enfrentan contra al menos 64 mujeres durante una década.
Incluso hubo una audiencia y se presentaron cinco de las víctimas que dijeron estar de acuerdo con el pedido de sus ex victimarios. Pero todo fue rechazado por la fiscalía y el Tribunal Oral Federal 3, que hará el juicio oral.
“La explotación sexual implicaba violencia de género”, sostuvo la fiscalía de juicio: Ante esto, los compromisos asumidos por el Estado argentino exigen” que los asuntos de esta naturaleza fueran resueltos por medio de una sentencia sobre los hechos, que la suspensión del proceso impediría, además el compromiso de investigar y sancionar la trata de personas previsto en el Protocolo de Palermo, entre otros instrumentos internacionales”. Las víctimas de este delito están en condiciones de vulnerabilidad y no pueden ser “invisibilizadas”.
El Tribunal rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba de las defensas de los procesados José María Maximiliano Chacón, Gladys Riveros, Hernán Matías Ponce, Marcelo Daniel Amato, Carlos Alberto Castillo y Débora Judith Soria.
Al ser enviados a juicio el fiscal que llevó el caso Franco Picardi remarcó que la banda manejaba locales nocturnos en Caballito y Flores e incluso había montado un albergue transitorio lindero a uno de ellos.
Todos están procesados como partícipes necesarios de “trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, la concurrencia de tres o más víctimas, de tres o más explotadores y la consumación de la explotación.
Al rechazar la “probation” se advirtió que estos delitos prevén penas de prisión que superan “con creces el mínimo de tres años que haría posible la imposición de una condena de ejecución condicional”.
Además, la “trascendencia” de los hechos indudablemente requieren ” la celebración de un debate oral y público con el fin de definir la situación de los imputados y dilucidar qué había sucedido con los prostíbulos investigados y con las 64 víctimas halladas”.
Fuente: Justicia de Primera
Fuero: Penal
Tribunal: Tribunal Oral Federal N° 3
Voces: explotación sexual, violencia de género, juicio oral
