Expresaron que la norma amenaza derechos políticos al convertir el derecho democrático a la protesta como delito.
El Movimiento Socialista de los Trabajadores (Distrito Ciudad de Buenos Aires) inició una demanda ante la Justicia Federal Electoral en la que requirió la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación (denominado periodísticamente «Protocolo Antipiquetes«) por considerar que vulnera el derecho a la protesta pacífica y los derechos políticos que en ella se expresan.
La causa fue iniciada por Celeste Fierro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el MST y en representación de ese partido, ante el Juzgado Federal con competencia electoral de ese distrito a cargo de la jueza María Servini.
En la demanda se planteó la inconstitucionalidad de la norma, suscripta por la ministra Patricia Bullrich, por medio de la acción del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Allí indicaron que la norma amenaza derechos políticos, restringe el desenvolvimiento partidario, criminaliza la protesta social, aspectos que colisionan con la Constitución Nacional y con las normas internacionales de ese mismo rango.
Además, solicitaron como medida cautelar la suspensión del protocolo hasta tanto se resuelva el planteo principal. Fundaron ello en la ilegalidad e irrazonabilidad de la resolución del Ministerio de Seguridad, a su juicio, como también en el peligro en la demora que implica la vigencia de la norma para los derechos en juego.
La jueza Servini se declaró incompetente por considerar que no se trata de un asunto de derecho electoral sino de un juicio de naturaleza contencioso administrativa. Por eso, dispuso la remisión a ese fuero federal donde, ahora, se deberá sortear el magistrado que deberá resolver en el expediente.
Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a otras organizaciones de derechos humanos también objetaron el protocolo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también frente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Accedé a la demanda y la resolución de incompetencia de la Justicia Electoral
