El Poder Judicial de La Pampa emitió una serie de recomendaciones sobre el uso de plataformas digitales por parte de magistrados y funcionarios. «Utilizadas incorrectamente, podrían generar situaciones de vulneración a determinados principios éticos», señala el documento, en referencia a las redes sociales
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa aprobó las recomendaciones presentadas por la Comisión de Ética del Poder Judicial sobre el uso de las plataformas digitales por parte de los magistrados y funcionarios.
Se trata de una serie de “pautas orientadoras de conducta”. “El uso de las redes sociales por parte de magistrados y funcionarios conlleva a la exposición tanto de su persona como de sus opiniones y de la información con la que cuentan que, utilizadas incorrectamente, podrían generar situaciones de vulneración a determinados principios éticos”, señaló el Tribunal en la acordada 3804.
El texto advierte que el modo en que los magistrados y funcionarios utilizan las redes sociales “no es indiferente para la administración de justicia, dado las repercusiones que ello genera” y que su buen uso “puede constituir un elemento de importancia para la difusión de información relacionada con propósitos institucionales y una efectiva herramienta para fomentar la cercanía del Poder Judicial con la sociedad”.
“Por el contrario, un mal uso podría generar situaciones de desconfianza y pérdida de legitimidad, tanto de los operadores del servicio de justicia en forma personal, como de la institución en general”.
El documento señala que no debe prohibirse a los magistrados y funcionarios participar en las plataformas digitales en forma adecuada, pero que su utilización “individual de las plataformas digitales debe mantener la integridad, el decoro y la dignidad del cargo judicial” y que tampoco “incida negativamente en el ejercicio adecuado y diligente de sus funciones judiciales”.
“(…) deben tener en cuenta el alcance y la permanencia del contenido de las publicaciones que realicen y las implicancias potencialmente significativas de acciones relativamente informales o de difundir o compartir información publicada por otros”.
“Si un magistrado o funcionario ha sido insultado o agredido a través de las plataformas digitales debe abstenerse de responder directamente”, aclara el documento y añade: “Se aconseja que se familiaricen con las políticas, reglas y configuraciones de seguridad y privacidad de las plataformas digitales que utilizan, que las revisen periódicamente y actúen con prudencia a fin de garantizar la integridad y protección personal, profesional e institucional”.
Entre las recomendaciones se destaca “evitar expresar opiniones o compartir información personal que pueda afectar la independencia judicial, la integridad, corrección, imparcialidad y la confianza pública en el Poder Judicial”, como también “evitar intercambiar mensajes con las partes, sus representantes o la sociedad en general sobre los casos que los involucren y sobre los que deban resolver”.
“Si un magistrado o funcionario ha sido insultado o agredido a través de las plataformas digitales debe abstenerse de responder directamente”, aclara el documento y añade: “Se aconseja que se familiaricen con las políticas, reglas y configuraciones de seguridad y privacidad de las plataformas digitales que utilizan, que las revisen periódicamente y actúen con prudencia a fin de garantizar la integridad y protección personal, profesional e institucional”.
“Deben ser consciente de los riesgos que conlleva para su privacidad y seguridad revelar, directa o indirectamente, su ubicación o cualquier información similar a través de publicaciones en las redes sociales y de la conveniencia de compartir información personal en las plataformas digitales”, concluye.
