El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis y a la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros, por los delitos de incumplimiento de los deberes, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado.
Lo hizo en el marco de la causa que se generó por la denuncia que presentó la diputada Graciela Ocaña ante el juez Daniel Rafecas, momentáneamente a cargo del Juzgado Federal 9, en la cual expuso que la ex ministra de Economía contrató a familiares y a una “numeróloga” en el Nación.
Al impulsar la investigación, Marijuán ordenó una serie de medidas de prueba.
Ocaña expuso que las mujeres, en el ámbito de sus funciones y sin el aval del directorio del banco, contrataron a Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty, la numeróloga”, para un “curso de coach”, por la suma de $1.800.000; que designaron a Héctor Silva, ex marido de Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas de la entidad, y que nombraron a Juan Pablo Pedemonte, hijo Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz.
Bajo la lupa de la justicia quedaron también los ingresos de Maximiliano Piantanida, amigo de Barros, como Gerente Departamental y la autorización de parte de Batakis a favor de la coimputada para que perciba “plus y premios” que le permitirían cobrar un sueldo mensual que ascendería a $9.000.000 y para que Juan Manuel Romero, su pareja, perciba a modo de remuneración $700.000 casi sin asistir al trabajo. Según Ocaña, las inasistencias de Romero fueron confirmadas por empleados del banco.
En su denuncia, Ocaña afirmó: “El insospechado grado de impunidad de esta gente les hace creer que pueden cobrar millones de pesos de una entidad pública y que cuando le preguntan cuál fue el servicio prestado decir que es algo privado”.
Además, recordó que en una entrevista, la “numeróloga” dijo que ni siquiera prestaba el servicio en el Banco, sino que la Gerenta General se acercaba a su lugar de trabajo, donde hay cámaras.
“¿Cuál es el servicio que le puede prestar una numeróloga al Banco de todos los Argentinos”, pregunstó.
“Mas que un servicio para el Banco es claro que el servicio es un servicio privado para Barros y que lo abonó mediante una factura apócrifa que se cobró con dinero público”, sumó.
Además de la denuncia penal, Ocaña y la diputada Laura Carolina Castets reclamaron un pedido de acceso a la información pública al Nación, que hasta la fecha no contestó.
Fuente: comercio y justicia
