La mesa de mujeres de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) impugnó hoy la candidatura a juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego del actual camarista Civil de la provincia Ernesto Loffler, a quien acusaron de «haberle negado la condición de víctima de trata de personas» a Alika Kinán, una dirigente social convertida en símbolo de la lucha contra ese flagelo en el país, informaron fuentes judiciales.
Kinán fue rescatada de un prostíbulo de la ciudad de Ushuaia durante un operativo realizado en 2012, y tras asumir su condición de víctima de trata, fue la primera que aceptó ser querellante contra sus captores, a los que finalmente condenaron a distintas penas durante un juicio llevado a cabo en noviembre de 2016.
Sin embargo, durante 2014, el Estado provincial inició un juicio para desalojar a la mujer de una vivienda social que le habían provisto en función de su situación de vulnerabilidad social y para que pudiera cuidar de sus cinco hijos, recordaron las fuentes.
Kinán presentó entonces un recurso de amparo para impedir el desalojo, y esa causa llegó a manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia donde es juez el actual aspirante a ocupar un cargo en el máximo tribunal fueguino.
Según la mesa de mujeres de la UEJN, Loffler no solo resolvió la causa en favor de la realización del desalojo (en realidad confirmó el rechazo al amparo) sino que «le negó a Kinán su condición de víctima de trata» y «expuso mediáticamente datos de su intimidad, en clara violación a los protocolos de Protección de Víctimas de Trata», señala el escrito impugnatorio al que accedió Télam.
La presentación relata que una vez dictado el fallo a favor del desalojo de Kinán, el juez Loffler concedió una entrevista a FM del Pueblo de Río Grande, que al día siguiente (31 de julio de 2014) dio lugar a una nota publicada en el diario fueguino Provincia 23.
En ese reportaje, Loffler «develó innecesariamente el nombre de Alika», y además de asegurar que «ya no se trataba de una víctima de trata», dio detalles que «estaban en resguardo del expediente judicial», como «la ciudad donde residían sus hijas, su condición laboral y la de su pareja, además de pormenores sobre sobre la propiedad otorgada a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)», detalla la impugnación.
A su vez, considera que en su carácter de camarista, Loffler «debía resolver una causa de familia que había llegado para su revisión procesal», pero «nada lo obligaba a realizar un rally mediático para ventilar detalles de una de las causas judiciales como mayor dramatismo social y que involucraba a decenas de mujeres expuestas al delito de trata de personas».
Incluso la mesa de mujeres del sindicato judicial hace hincapié en la «abrumadora diferencia de criterio jurídico» entre Loffler y la «totalidad de los magistrados federales que intervinieron en la tramitación judicial», dejando en evidencia «la falta de profesionalismo del juez para abordar una situación de profunda vulnerabilidad».
«Alika Kinan Sánchez resultó ser una víctima del delito de trata de personas, una tipificación penal de competencia federal (Â…) mientras que el camarista entendió en su fallo que esa misma víctima debía ser desalojada y ni siquiera debía ser considerada una víctima», agrega la presentación ante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego.
Por todo ello, el sindicato concluye que el candidato Loffler «no reúne los requisitos necesarios (para ser juez) en relación a sus criterios sobre aplicación de derechos humanos, perspectiva de género y personas en situación de vulnerabilidad social».
Kinán fue consultada por Télam a propósito del tema pero prefirió «no hacer declaraciones en este momento».
Loffler es juez de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo con sede en la ciudad de Río Grande desde el 10 de septiembre de 2006 y aspira a ocupar una de las dos vacantes del Superior Tribunal fueguino a partir de su reciente ampliación de tres a cinco miembros. (Télam)
Fuente: Grupo Provincia
Fuero: Constitucional
Tribunal: STJ de Tierra del Fuego
Voces: impugnación de juez, trata de persona, desalojo
