Histórico fallo de inhabilitación perpetua para conducir a un infractor que provocó un siniestro vial fatal

I. Introducción

En el presente trabajo se abordan cuestiones ubicadas en los confines o límites de los ámbitos de aplicación del “derecho del consumidor”, por un lado, y del régimen jurídico de los “servicios públicos”, por otro.

La primera problemática que se afrontará gira en torno a determinar la autoridad administrativa competente para intervenir respecto de los conflictos que se suscitan entre usuarios y prestadores de servicios públicos; tanto para resolver las controversias posibles, como para aplicar las sanciones que correspondan. En concreto, se procura desentrañar si estas cuestiones pueden y/o deben ser abordadas por los entes reguladores sectoriales de manera conjunta con las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), o en su defecto, si el asunto debe estar reservado de manera exclusiva para los primeros.

Determinado lo anterior, se procederá a analizar la cuestión vinculada con el régimen jurídico aplicable a las decisiones; esto es, la integración entre el régimen jurídico de los servicios públicos, y la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor respecto de aquellos.

Para encarar los temas planteados, en primer lugar, se hará un repaso por el contenido del derecho a la tutela administrativa efectiva reconocida a los usuarios de servicios públicos, en la Constitución Nacional y los principales tratados internacionales en la materia.

Seguidamente, formularemos un análisis de las normas, conceptos y principios generales que campean en el ámbito de la regulación de los servicios públicos y en el derecho del consumo, confrontando la lógica y principios axiológicos que subyacen en ambos sectores, buscando establecer semejanzas y/o diferencias existentes entre estos dos campos de aplicación del derecho. Se observarán específicamente los fundamentos que justifican la necesidad de establecer, en cada caso, autoridades de aplicación y entes reguladores, desentrañando las peculiaridades que presentan estos órganos administrativos.

Luego se pasará revista de las posiciones teóricas en torno a la naturaleza jurídica de la relación prestador-usuario de servicios públicos elaboradas a nivel doctrinario y jurisprudencial, identificando las diversas posturas y la incidencia práctica de las mismas respecto del objeto de estudio de esta investigación.