Aníbal Fernández, Capitanich, el exvicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, y el extitular de la Asociación de Fútbol, Luis Segura, irán al banquillo.
La jueza federal María Servini envió a juicio oral a los exjefes de Gabinete del kirchnerismo, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, al exvicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, y al ex titular de AFA, Luis Segura, por «administración fraudulenta agravada» en el marco del programa «Fútbol para Todos» con el que se trasmitían los partidos de los torneos locales de manera gratuita. Además, en la misma resolución en la que envió el caso a sorteo de un Tribunal Oral, la magistrada sobreseyó al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. En total serán juzgados 13 acusados, en un listado que incluye a Sergio Marchi, secretario general e Futbolistas Argentinos Agremiados, y el ex gerente financiero de la Asociación del Fútbol Argentino Rubén Raposo, por distintos delitos como desvío de fondos y maniobras con cheques diferidos. «La esencia de este delito es el doloso perjuicio a un patrimonio ajeno, causado desde una posición legal de poder, mediante la utilización infiel de la protección que se tenía de esos bienes lo que deriva en el perjuicio de su titular», afirmó la resolución.
En la elevación a juicio de 253 carillas, la Servini sostuvo que tanto Fernández como Mariotto, ex coordinador general del Programa instrumentado en 2009, deben responder por «desvíos en los ingresos» a raíz de distintos convenios firmados, uno de ellos con la empresa de camiones Iveco, del 18 de abril de 2011. Los exfuncionarios, afirmó la jueza, posibilitaron «sin encontrarse fundado ni justificado, el pago efectuado a la AFA por parte de esa empresa de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que debían ingresar al patrimonio del Estado». También hubo «perjuicio estatal» en acuerdos de sponsoreo de torneos de fútbol de Primera División entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, AFA e Iveco Argentina SA. Estos acuerdos se firmaron, según la Justicia, «sin sujetarse a la normativa legal, sin licitación alguna, recibiendo como contraprestación pagos en especie sin encontrarse acreditada la necesidad previa de ello, y sin guardar relación los conceptos facturados y los segundos publicitarios contenidos en los distintos acuerdos con los cuadros tarifarios y/o paquetes tarifarios».
Fuente: Infobae Profesional
