El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad dos iniciativas que buscan ponerle fin a la inacción de la Justicia en la prevención de los femicidios. Se trata de la creación del Registro Público de denuncias contra magistrados y magistradas por deficiencias en la actuación en causas de violencia de género, muchas de las cuales derivan en femicidios anunciados. La otra medida, complementaria de la anterior, fue aprobar el “protocolo de carga” de ese Registro, que servirá para monitorear y realizar un plan de auditorías sobre las actuaciones de los juzgados nacionales y federales en casos de violencia de género.
Las resoluciones fueron aprobadas en un plenario extraordinario del Consejo de la Magistratura, realizado por el Día Internacional de la Mujer. Las decisiones del organismo nacional, se tomaron ante el crecimiento de las cifras de los femicidios y las reiteradas denuncias por la nula o deficiente actuación del Poder Judicial. La situación, reiterada año tras año, caso tras caso, tuvo su ratificación extrema con el femicidio de Ursula Bahillo, asesinada en Rojas por un policía al que había denunciado 18 veces ante distintos juzgados, comisarías y organismos oficiales, por violencia de género.
El Registro de jueces y juezas tiene por objeto ponerle fin a la “justicia patriarcal”. En el mismo figurarán los nombres de los y las magistradxs que han sido denunciados por mala actuación en casos de violencia machista. Lo que se tomará en cuenta es la vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios, inobservancia de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales y por obstaculización mediante retardo o impedimento en el acceso a la justicia.
Las resoluciones fueron aprobadas con dictamen unánime de las comisiones de Reglamento, que encabeza la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, y de Disciplina y Acusación, presidida por el juez Ricardo Recondo, del Consejo de la Magistratura.
La diputada Siley le dijo a Página/12 que este lunes fue “un día muy importante para las mujeres que integramos el Poder Judicial, para las mujeres en general y para las diversidades”. Resaltó el hecho de que se haya llegado “a una votación de manera unánime” la creación del Registro de denuncias contra funcionarios y funcionarias judiciales que no cumplan con las normas vigentes en materia de género.
“En el Registro Público aparecerán los nombres de quienes corresponda y los datos serán colgados en el sitio web del Consejo de la Magistratura, accesible para toda persona que pueda entrar a una página de Internet”. Recalcó que es un paso “hacia la transparencia, a que conozcamos a los servidores públicos que integran el Poder Judicial, que se llaman jueces y juezas, pero que son servidores públicos y en definitiva, se deben al pueblo”.
Insistió en que se trata de “un buen día, un gran avance, también para las trabajadoras judiciales porque se ha votado la licencia por nacimiento para personas gestantes y no gestantes del Consejo de la Magistratura”. Puntualizó que “esto significa que la fuerza de las trabajadoras, de las mujeres, de los colectivos de mujeres, del feminismo, es fundamental para cambiar al Poder Judicial; eso es fundamental”.
El plenario extraordinario se reunió de manera virtual. La creación del Registro es uno de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 2019 en un acuerdo de solución amistosa firmado con una sobreviviente de un intento de femicidio, Olga del Rosario Díaz.
Esto se produjo a partir de una denuncia formulada por la Defensoría General de la Nación ante el Comité que monitorea la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La diputada Siley señaló que “hay muchas Olga Díaz, ella es un emblema porque sobrevivió a un intento de femicidio cuando fue apuñalada y sufrió violencia desde el 2002”.
La denuncia fue presentada en su momento ante el Juzgado Criminal y Correccional 29, que terminó sobreseyendo al agresor en el año 2017. Siley sostuvo que “hubo inacción judicial y negligencia absoluta luego de 15 años de violencia y un intento de femicidio”.
En la resolución del Consejo de la Magistratura, se señaló que el plenario “deberá establecer la forma en la que se hará operativa la publicidad del Registro Público, en un plazo de treinta días. La presidencia del Consejo fue autorizada a firmar convenios con el Ministerio de Justicia y DDHH, y con los Consejos de la Magistratura de otras jurisdicciones, para que “elaboren registros públicos de denuncias” por causas de violencia de género con funcionarios y funcionarias de cada jurisdicción judicial.
La auditoría prevista permitirá seguir el estado del procesal, de la información a la víctima, cuál ha sido la institución de origen de las actuaciones – Observatorio de Violencia Doméstica (OVD), Comisaría, Juzgado de turno), y si se realiza una certificación de la existencia de causas penales que involucren al mismo imputado o a la misma víctima.
Al analizar la actuación de magistrados y magistradas, y también de los empleados, se tomará en cuenta también: si han realizado la capacitación prevista en la Ley Micaela; si realizaron cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus labores; si cuentan con la información necesaria relativa a los distintos organismos que brindan recursos institucionales existentes para atender la situación de la víctima en sus distintas dimensiones.
Con los mismos objetivos, se analizará si hubo accionar coordinado con esos organismos especializados e incluso cuál es la proporción de mujeres trabajando en esas unidades laborales.
Fuente: Página 12.
