El proyecto de ley que impulsa IPA promueve la creación de una caja que administre los fondos para que esté a disposición de los empleados
En medio del debate por el cambio en la forma de pago de las indemnizaciones laborales, propuesta por un sector empresario que cuenta con el visto bueno de la Unión Industrial Argentina (UIA) y que ya fue acercada a funcionarios y legisladores nacionales, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, consideró que es necesaria la creación por ley de un fondo para todos aquellos trabajadores que se desvinculen de una empresa «en todas las circunstancias».
De acuerdo a este proyecto, que ya lleva más de un año de análisis y discusión, se promueve la creación de una caja que administre los fondos surgidos por el aporte de las Pymes, el Estado y, en una porción menor, por los trabajadores, para que esté a disposición de los empleados toda vez que se termine la relación laboral, ya sea por despido, renuncia o jubilación.
La iniciativa de IPA fue presentada a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y al Ministerio de Trabajo a sindicatos textiles, metalúrgicos, alimenticios, madereros y la CGT regional.
«Siempre planteamos la importancia de la estabilidad y de la seguridad jurídica para las pymes, y este proyecto -que presentamos hace un año- va en esa dirección e incorpora como actor central al trabajador, y como socios indispensables a los sindicatos y al Estado», afirmó el dirigente en un comunicado.Los empresarios buscan que el Gobierno dé «luz verde» al debate por el cambio en las indemnizaciones laborales
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Rosato explicó que «lo más natural es que un trabajador concluya su relación laboral cuando se jubila y es injusto que no reciba nada a cambio de los años prestados a una pyme, más allá de la jubilación. Con esta modalidad, además, cobraría el fondo que durante todos los meses fue acumulando en una caja que debería estar administrada por el Estado Nacional y compartida con los sindicatos».
«Bajo ningún punto de vista supone un recorte de los derechos de los trabajadores, sino que se transforma en un complemento. De esta manera, cualquier empleado tiene la seguridad de cobrar su indemnización de manera transparente y sin depender de la suerte de la pyme ya que, aunque cierre sus portones por quiebra, el trabajador podrá cobrar su indemnización sin recurrir a un juicio«, señaló Rosato, en un comunicado.
El presidente de IPA destacó la importancia de la aplicación del «alta temprana» para certificar la relación laboral entre una pyme y sus trabajadores, de modo de «evitar fraudes laborales que beneficien a las empresas o que generen reclamos judiciales artificiales que provocan la llamada ‘industria del juicio'».
«Es fundamental que quede estipulado ante los organismos estatales la relación de dependencia entre una pyme y un empleado. Con el alta temprana, podremos darle transparencia total a la incorporación de un trabajador y eso beneficiará también a la empleabilidad y a la sindicalización, ya que se reducirá el empleo no registrado», enfatizó el empresario.
¿Avanzarán los proyectos?
De todos modos, los empresarios aún no fueron atendidos por los dirigentes más importantes de la CGT y la CTA a nivel nacional.
Por otra parte, desde los sindicatos surgieron distintas posturas. Algunos rechazan de cuajo la discusión. Otros no acuerdan con este punto, pero sí estarían dispuestos a discutir los Convenios Colectivos de Trabajo para «aggiornarlos a estos tiempos».
Los industriales plantean que el desempleo está estancado por la «industria del juicio», mientras que desde las centrales obreras consideran que es por falta de demanda y de crédito.
Para la Asociación de Abogados Laboralistas, en el marco de una economía de mercado, la creación de empleos depende de la iniciativa de los empresarios, y no resulta imputable a la legislación laboral el aumento de los niveles de desocupación o la falta de creación de nuevos puestos de trabajo.
Por ello, remarcan que «en este grave contexto atravesado por la pandemia, con normas que no limitan adecuadamente el poder empresario y que en muchos casos ni siquiera se cumplen, con una justicia del trabajo casi paralizada que no brinda el adecuado servicio de justicia, por estructuras sindicales debilitadas en su poder de presión y negociación, y un Estado incapaz de ejercer el poder de policía del trabajo y de exigir el cumplimiento de la profusa normativa de emergencia, es claro que las modificaciones pretendidas solo pretenden reducir aun más los escasos niveles de protección legal , en desmedro de las personas trabajadoras».
Los empresarios argumentan que «este proyecto generará más trabajo, bajará la inflación, la pobreza, y permitirá que los trabajadores busquen mejores trabajos, haya movilidad, flexibilidad» y aseguraron que «no existirán influencias negativas en las dotaciones de personal».
Pero para los laboralistas, «no hay nada nuevo en esto que se plantea. Quieren eliminar la indemnización por despido, ir borrando el límite entre lo lícito y lo ilícito. El objetivo central de este proyecto es la rotación del trabajador permanentemente. Y además, es la naturalización de que te pueden despedir y punto. Y que está bien y lo tenés que aceptar. Vas a estar constantemente de paso en todos lados».
En ese sentido, señalan que «la única finalidad de este proyecto es la reducción de los costos empresariales» y que ante el «no pago de indemnizaciones (tal como establece el actual régimen) se favorecen las cesantías profundizando el desequilibrio ya existente en favor del empleador».
Además, subrayaron un aspecto muy importante: «Al ser el trabajo un derecho humano fundamental para quienes viven de su trabajo (…) el actual régimen indemnizatorio por despido tiene un doble carácter: disuadir a los empleadores y reparar al trabajador/a, en parte, las consecuencias del despido».
La propuesta de la «mochila argentina»
Por otro lado, la propuesta promocionada Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, titulada «Mochila Argentina«, ya fue entregada a políticos de diversos partidos políticos e ideologías, sindicatos y empresarios. El nombre hace referencia a «mochila austríaca», en base a la legislación de Austria.
«Se lo denomina mochila por la idea de que el derecho a la indemnización viaja en la mochila del trabajador cuando pasa de empresa a empresa», señaló la propuesta.
Entre quienes se muestran a favor está el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. «Con horas extras se compensa la falta de dotación, porque no te animás a contratar. Hay infinidad de casos, los países nórdicos lo resolvieron hace mucho tiempo, lo llaman flexiseguridad», afirmó en una entrevista con el diario Perfil.Los empresarios consideran que la reforma ayudaría a crear empleo y previsibilidad
Según el documento, este Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) sería administrado por la Anses, la Superintendencia de Seguros y una entidad de control que garantice la indemnización a los empleados que pierden su trabajo, que seguirían cobrando en cuotas mensuales el equivalente y actualizado a su ultimo sueldo, hasta conseguir un nuevo empleo.
Este pago se cancelaría cuando se superen los meses que correspondan a los años trabajados. El monto del seguro, según la propuesta, sería de 1% más el 8,33% dividido los años de la antigüedad promedio de la empresa con un mínimo de 2% total, como forma de premiar la relación duradera del empleo.
«Los empleados también percibirán beneficios en los casos en los cuáles las empresas que necesitan bajar personal por falta de trabajo o incluso por mejoras técnicas. Muchas veces por no tener liquidez, negocian quitas para despedir con menores costos (para preservar la empresa), o incluso despiden ‘con causa’ con la esperanza de postergar el momento de pago de la indemnización», agregó.
«Pagando las empresas un seguro sobre la nómina salarial (SGI), puede llegar a formarse un capital de donde salga la indemnización de aquellos que pierdan el trabajo o deseen incluso tomarse un tiempo de descanso», de acuerdo con la propuesta.
Por otro lado, desaparecería la distinción entre despido «con y sin causa», como también si fue la empresa que lo despide o la persona que prefirió renunciar pues en ambos casos el empleado tiene y mantiene sus derechos.
Según explicó la propuesta, los trabajadores serán los dueños de sus indemnizaciones.
¿Qué beneficios tendrían, al cambiar o perder su empleo?
- Poder cobrar 100% de lo que le corresponde.
- Tomar un descanso manteniendo su antigüedad.
- En caso de querer trasladarse a otra empresa se la lleva consigo la antigüedad.
- En caso de concurso de acreedores o quiebre de la empresa, no requiere de esperar la instancia judicial.
En tanto, los empleadores tendrían como ventajas no perder capital en gastos de indemnización ni de abogados, lo que les permitiría crecer más rápidamente. También las empresas podrían eliminar su pasivo laboral, lo que haría subir su valor.
«El efecto en el empleo será inmediato. Hay una necesidad perentoria de generar trabajo en el sector privado para disminuir la pobreza que ha ido en aumento continuo, aun con la ayuda cada vez más grande que la sociedad recibe, producto entre otras cosas de la cada vez menor proporción de empleo en blanco en el sector privado generador de riqueza», estimó Karagozian en su propuesta.
Fuente: Iprofesional
