La propuesta fue aprobada en la Cámara Alta hace dos años y obtuvo dictamen en Diputados a fines de 2017, pero no llegó a tratarse en el recinto.
Perderá estado parlamentario en poco tiempo. El tratamiento legislativo del polémico proyecto sobre responsabilidad de proveedores de Internet (ISP) se postergó para 2019. La iniciativa, impulsada por el macrista Federico Pinedo, fue aprobada en la Cámara Alta en de noviembre de 2016 y obtuvo dictamen en Diputados a fines de 2017, pero no llegó a tratarse en el recinto a lo largo de este año. El articulado establece que los proveedores de Internet no son responsables por los contenidos generados por terceros, excepto cuando hayan sido notificados de una orden judicial que los intime a poner en marcha alguna acción para eliminar un enlace. Los grupos que defienden los derechos de autor de sus asociados cuestionaron el tenor del texto. A principios de la semana pasada, las organizaciones que nuclean a productores de contenidos cuestionaron la normativa. Sostuvieron que atenta contra los derechos de autor y que contradice las nuevas legislaciones que protegen a las industrias creativas en el ámbito digital. En un comunicado, manifestaron que “(el proyecto) avasalla derechos individuales y personalísimos reconocidos por la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre”.
Agregaron las entidades: “El proyecto prevé que para remover un contenido ilícito en los servicios de los ISPs, incluidos los de carácter íntimo y privado, se debe obtener una orden judicial previa, creándose un sistema inaccesible, engorroso e ineficiente”. En esa línea, estimaron que no puede tolerarse una ley que les otorgue “carta de indemnidad” a los “gigantes de Internet”, que no controle ese poder de apropiación y atente, de esa forma, contra los derechos de quienes crean y generan contenidos. La misiva lleva las firmas de las asociaciones de Editores de Revistas, de Traductores e Intérpretes, Civil Managers Musicales y de Reporteros Gráficos; de las sociedades de Artistas Visuales y de Escritores; y de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, entre otras. En tanto, el jueves, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) participó de un plenario de la Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados y también rechazó la propuesta. Martín Etchevers, presidente de Adepa, recordó que los medios tienen que responder, incluso judicialmente, por lo que publican, y señaló que les preocupa la iniciativa porque descuida la propiedad intelectual sobre los contenidos. “De la redacción actual se desprende que quienes utilizan de algún modo ese contenido y obtienen beneficios directos o indirectos no tienen obligaciones frente a quienes lo producen”, advirtió. “Desde Adepa siempre vamos a estar a favor de la libertad de expresión y contra la censura, pública y privada. Nuestra prédica histórica es censura previa jamás, siempre responsabilidad ulterior. Por eso discrepamos, además, de una exención anticipada y genérica de responsabilidad ulterior, como la que surge de este proyecto”, finalizó Etchevers.
También expuso por Adepa el abogado Nicolás Novoa. “Advertimos de los graves riesgos derivados de la distorsionada invocación de los principios de libertad de prensa y de expresión por parte de los intermediarios de Internet quienes, al amparo de aquellas libertades, pretenden resguardase y obtener la sanción de normas genéricas que determinarían su irresponsabilidad absoluta frente a la utilización o difusión de contenidos generados por terceros”, señaló. Durante el encuentro, la diputada Karina Banfi (UCR-Cambiemos) anunció que no hay ánimo de avanzar con el proyecto de parte del Gobierno ni de su autor. Banfi adujo que la propuesta tenía como fin “la posibilidad de proteger la libertad de expresión de los ciudadanos en el marco de las nuevas tecnologías” y que “tuvo principalmente un foco técnico”, pero reconoció que, quizás, no fue “la redacción más feliz”. “La idea y la propuesta de Cambiemos es empezar de nuevo”, informó. Sobre los pasos que se darán al respecto al próximo año, subrayó que hay que evaluar cuál debería ser el abordaje correcto en materia de responsabilidad sobre los contenidos que se expresan, se elaboran y se manifiestan en las nuevas plataformas, para llegar a una norma que fortalezca la libertad de expresión. Por el Frente para la Victoria-PJ, el legislador Pablo Carro opinó que se impone avanzar en el tema y pidió trabajar al respecto ni bien empiecen las sesiones el año que viene. Además, destacó que podría haber precisiones relacionadas con las fake news (noticias falsas), al estimar que “van a ser un problema” de cara a las elecciones.
Fuente: Comercio y Justicia
