El ex ministro de Planificación no siguió la lectura de los alegatos por videoconferencia.
Reclaman que sea condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública. Una de las querellas de víctimas y familiares de la tragedia ferroviaria de Once pidió que el detenido ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido sea condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Es el primer pedido de condena a De Vido, quien optó por no presenciar la audiencia ni siquiera por videconferencia desde la cárcel de Marcos Paz. El abogado Javier Moral solicitó que De Vido sea condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública. Para Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), la querella pidió la pena de tres años por el mismo delito. Moral alegó durante dos horas ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 y acusó a De Vido y a Simeonoff por las 52 muertes y los más de 700 heridos que dejó la tragedia el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de once. De Vido no escuchó la acusación en su contra. Optó por no ir al juicio, como hizo desde que está detenido en la cárcel de Marcos Paz, ni seguirlo por videconferencia, a pesar de que el TOF le dio la posibilidad. Su abogado, Maximiliano Rusconi, dijo que él iba a poner en conocimiento al ex funcionario del alegato.
“Esta tragedia se produjo por ds fallas humanas. Una fue el desinterés de funcionarios públicos. Hubo una desidia que más tarde o mas temprano iba a provocar lo que pasó”,inició su alegato el abogado Moral. La segunda falla humana, sostuvo Moral, fue la del maquinista, Marcos Antonio Córdoba, sobre quien dijo que “tuvo una impericia conductiva”. La concesión del servicio de la línea Sarmiento estaba a cargo de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Moral explicó que eran muchas las irregularidades con las que funcionaba y muchos los incumplimientos del contrato de concesión. “Era una verdadera chatarra con rodamiento”, definió Moral el servicio. TBA recibió de parte de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) más de 500 multas, por 70 millones de pesos. La querella señaló que en 2010 y 2011 la CNRT le envió al Ministerio de Planificación dos expedientes que mostraban los incumplimientos de TBA a las advertencias de las multas. Moral señaló que esos expedientes estuvieron siete meses en el Ministerio de Planificación sin movimiento. El juicio continuará la semana que viene con el resto de los alegatos que se extenderán hasta mediados de septiembre. Para fines de ese mes o principio de octubre está previsto el veredicto del TOF 4.
Fuente: Comercio y Justicia
