La Corte determinó que la Fuerza Pública, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios, no es capaz de custodiar una protesta sin violar los derechos y las libertades de los ciudadanos. También obligó al gobierno nacional a que pida disculpas por los excesos de la policía.
En un marco de una profundo estallido social -que tuvo como detonante el asesinato del abogado Javier Ordóñez en manos de la policía-, la Corte Suprema de Justicia colombiana emitió una histórica sentencia a favor del pueblo: determinó que las Fuerzas de Seguridad deben garantizar el derecho a la protesta pacífica, además de que obliga al Ministerio de Defensa del país a que se disculpe públicamente por la brutal represión del Paro Nacional del año pasado.
Este fallo implica la aplicación de distintas medidas, tales como una reestructuración general del uso de la fuerza o la suspensión del uso las escopetas de calibre 12 por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Los magistrados expresan en su escrito que “una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz”.
Según el tribunal, las autoridades deben entender las protestas como “la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”.
La normativa fue impulsada tomando en cuenta los casos de represión del Paro Nacional de 2019, además de las muertes de estudiantes en 2005 y 2006 luego de ser heridos por agentes del Esmad. Desde distintos sectores de la política celebraron la decisión, que la consideraron como un punto de partida para emprender un debate público sobre el exceso de la Fuerza Pública.
Fuente: notaspediorismopopular
