El fallo marca un precedente en cuestiones vinculadas a la libertad de expresión, libertad de prensa y censura previa.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la segunda Circunscripción judicial de Río Negro dejó sin efecto un bozal legal que se había impuesto a la abogada de la familia de un joven asesinado en Villa Regina y a una referente de la comisión contra los delitos impunes, para que no se refieran en forma ofensiva hacia el juez que intervino en el caso.
En primera instancia se había ordenado a Solange Rojas (abogada querellante que representaba a la familia Rondeau) y Elida Ferreyra (de la comisión de delitos impunes) “se abstengan de nombrar, aludir, referir o de cualquier modo mencionar en forma directa o indirecta en cualquier medio de comunicación masivo todo comentario noticia dato imagen y/o circunstancia que resulte ofensiva y/o difamatoria de la persona del Dr. Gastón Cesar Pierroni Juez de Garantías del foro penal con asiento en Villa Regina y de su judicatura, bajo apercibimiento de ser pasibles de lo determinado en el Art. 239 del código penal Argentino: ARTICULO 239. – Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
El fallo de la Cámara, compuesta por los jueces Gustavo Martínez, Dino Maugeri y Víctor Soto, destaca que si bien la difamación y la calumnia es censurable, hay que afianzar la libertad de expresión sin censura previa y “de modo especial” en lo que respecta a los funcionarios públicos, porque “ello hace al fortalecimiento de la democracia y los principios republicanos; especialmente al control de gestión y la efectiva responsabilidad de los funcionarios”.
Menciona además que la solo puede permitirse la censura previa en casos excepcionalísimos, “como podría ser la protección niños, o resguardo de la intimidad de las personas cuando no pueda sostenerse un interés público o razonable en el ejercicio del derecho de expresión. Ello además con un criterio muy restrictivo y con suma prudencia, tal como corresponde a toda restricción de un derecho humano de tal jerarquía”.
Por ello la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia que autorizaba este bozal legal.
En septiembre de 2016 Claudio Rondeau fue muerto a balazos en Regina. La investigación fue cerrada porque se vencieron los plazos y no se pudo encontrar a los culpables. Su padre falleció hace unas semanas sin haber podido tener justicia por el asesinato de su hijo.
Fuente: Río Negro.
