El frente Patriota Bandera Vecinal, que lidera Alejandro Biondini, cuestionado por reivindicar al nazismo, recibirá del Estado 14.080.00 pesos como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema que hizo que se le reconociera ese crédito por la impresión de boletas de las PASO de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Se sumarán a los más de cinco millones que ya recibió ese año en el mismo concepto.
El frente presentó para aquellas PASO un solo precandidato a diputado, Biondini, pero seis precandidatos a senadores, que obtuvieron, todos sumados, el 0,34% de los votos y no pasaron a las generales. En febrero de este año, la Corte dejó sin efecto un fallo de la Cámara Nacional Electoral, que había sido adverso a Biondini, y ordenó cumplir con el criterio que la propia Corte había fijado en 2015, cuando dispuso que el Estado debe financiar el costo de una boleta por elector para cada uno de los precandidatos que compitan dentro de un mismo frente. No importa cuántos sean. La semana pasada, la Cámara Nacional Electoral dictó entonces un nuevo fallo siguiendo lo ordenado por el máximo tribunal.
Según este criterio, al frente de Biondini le correspondía recibir fondos para imprimir, solo por la categoría de candidatos a senadores por la provincia de Buenos Aires, seis juegos de casi 12 millones de boletas, la cantidad de electores bonaerenses: 72 millones de papeletas. Lo paradójico es que para la categoría diputados, el frente obtuvo 32.281 votos y para la de senadores sumó, en total, 29.762.
El Estado no imprime las boletas, gira a los partidos los fondos para imprimirlas, pero son las agrupaciones -sin intervención de las autoridades- los que llevan las boletas a las mesas de votación. De ese modo, si presentan una factura válida de una imprenta, el Estado da por corroborado el gasto. Según la justicia electoral, el único modo de constatar que las boletas realmente se impriman sería ir a ver el momento de cada impresión y eso es impracticable.
En 2017, el Poder Ejecutivo le informó a Biondini que iban a pagarle un solo juego de boletas para todo el frente. La agrupación cuestionó esa decisión en la Justicia y en agosto de 2017, la Cámara Nacional Electoral falló en contra de Biondini. Con una sentencia que modificó la jurisprudencia anterior (sentada en el caso UNEN, de 2015), dispuso que no se pagara el equivalente a una boleta por elector por cada una de las listas internas (en el caso del Frente Patriota, los seis precandidatos a senadores), sino que el cálculo fuera una boleta por elector por cada agrupación y solo se adicionara un plus proporcional a los votos obtenidos en la última elección general para la misma categoría de cargos por la coalición.
La Cámara, con las firmas de Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, entendió que estaba ante la «imperiosa necesidad de revisar» el criterio anterior, que podía llevar -afirmó- «a resultados irrazonables». Advirtió que se había registrado un «incremento exponencial de la cantidad de listas de precandidatos oficializadas» y que podría estar configurándose un «abuso del derecho». Lo cierto es que hay serias dudas de que muchas de las agrupaciones que compiten impriman, realmente, los millones de boletas que el Estado les paga.
Para la Cámara, correspondía adecuar el reparto al criterio general de distribución del financiamiento público de los partidos, que combina un criterio global de equidad (lo mismo para todas las agrupaciones) con una pauta de representatividad (un reparto proporcional a los votos obtenidos en elecciones anteriores).
Contra ese fallo de la Cámara, Biondini interpuso un recurso y llegó hasta la Corte, que hizo lugar a su reclamo.
El 18 de febrero pasado, el máximo tribunal entendió que las cuestiones que se discutían eran «sustancialmente análogas a las debatidas y resueltas» por la propia Corte en el precedente UNEN, en el que la Corte estableció que la ley «habilita a las agrupaciones políticas a percibir el importe correspondiente a una boleta por elector para cada lista de precandidatos que oficialicen para participar en las elecciones primarias».
La Corte ordenó, en consecuencia, que se dictara un nuevo fallo. Para eso, la Cámara Nacional Electoral debió integrarse con subrogantes, que siguiendo lo dispuesto por el máximo tribunal, fallaron a favor del Frente Patriota. El nuevo fallo de la Cámara fue firmado la semana pasada por los camaristas del fuero civil y comercial federal Eduardo Gottardi, Guillermo Antelo y Ricardo Recondo.
Los argumentos de la Corte
El fallo de la Corte de este año, que motivó esta nueva decisión, sostuvo que la Cámara, cuando recortó fondos a Biondini, invocó razones que no fueron «idóneas ni suficientes» para «cumplir con la rigurosa carga argumentativa que se exige para justificar el incumplimiento del deber que tienen los jueces inferiores de conformar sus decisiones» a las sentencias previas de la Corte, «intérprete supremo de la Constitución Nacional». Firmaron el fallo Elena Highton, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Carlos Rosenkrantz, en disidencia, votó por rechazar el recurso del Frente Patriótico.
Lorenzetti y Maqueda agregaron, en un voto compartido por ellos dos, otros argumentos. Entre ellos, que la Cámara «no solo se apartó del criterio» de la Corte sin haber dado «razones valederas», sino que además «excedió sus facultades jurisdiccionales, asumiendo el rol de legislador, al postular una nueva regla que no hace pie ni en la letra ni en el espíritu de las normas que regulan la distribución de los aportes públicos para la impresión de boletas».
El gasto para imprimir las boletas es uno de los rubros de mayor aporte estatal al financiamiento de los partidos políticos. Fuentes oficiales informaron a LA NACION que para las elecciones de 2019, el Ministerio del Interior asignó, entre las PASO y las generales, 933 millones de pesos solo para la impresión de boletas.
Fuente: La Nacion
Fuero: Electoral
Tribunal: Cámara Nacional Electoral
Voces: PASO, impresión de boletas, pago
