La medida dispuesta por el TSJ comenzó a regir el 1° de marzo de 2023 y alcanza a todos los juzgados civiles de Capital y 18 tribunales del interior.
Por medio del Acuerdo Reglamentario n.° 1799, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso que esta semana comience la primera etapa de la extensión de la oralidad civil en la Justicia de Córdoba. Esta resolución amplía el ámbito material de aplicación del procedimiento oral a otros juicios declarativos, en 58 juzgados con competencia civil y comercial, ubicados en 10 sedes judiciales de toda la provincia (ver archivo adjunto).
En este sentido, cabe recordar que con la sanción de la Ley 10.855 -modificatoria de la Ley 10.555- se autoriza al TSJ a disponer la aplicación progresiva del proceso civil por audiencias a otros juicios declarativos.
Protocolo
Por otro lado, junto con las juezas y los jueces que participan de la primera etapa de extensión (foto), se establecieron nuevas metas de trabajo y se efectuaron actualizaciones y ajustes en el Protocolo de Gestión del Proceso Civil Oral, en consonancia con las reformas dispuestas por la Ley 10855.
La extensión de la oralidad civil se produce tras la difusión de los últimos resultados del informe de seguimiento titulado “Generalización de la Oralidad en Procesos de Conocimiento Civiles y Comerciales de la Provincia de Córdoba Resultados a 3 años y 9 meses. Síntesis. Período febrero 2019 a noviembre 2022”. En el relevamiento se destacan los siguientes datos:
– Se terminaron 3.607 juicios. El 60% (2.165) de ellos fue resuelto por acuerdo.
– Se celebraron 5.832 audiencias en procesos civiles y comerciales con presencia del juez o la jueza.
– El 99% de las 3.111 personas usuarias encuestadas respondió que estaban satisfechas con el trato recibido en las audiencias y el 97% con haber sido escuchado por el juez o la jueza.
– El 74,1% de las audiencias complementarias se realizan en menos de cuatro meses desde la celebración de la audiencia preliminar.
De esta manera, se mantiene y profundiza el rumbo trazado por el TSJ con el objetivo de aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales, reducir los plazos totales del proceso de conocimiento y aumentar la satisfacción de los usuarios del sistema de justicia civil.
