Ricardo Echegaray es investigado por cerrar la delegación de la AFIP que investigaba al empresario por facturación trucha.
El extitular de la AFIP Ricardo Echegaray será acusado en un juicio oral por encubrir al empresario kirchnerista. Está acusado por los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. El juez Sebastián Casanello investiga la creación de una «estructura societaria para defraudar al fisco en importantes sumas de dinero» a través de la emisión de «facturas truchas» con precios ficticios a la obra pública. El fiscal Guillermo Marijuán consideró, en tanto, que existen pruebas de que los funcionarios, «con el fin de brindarle protección a Lázaro Antonio Báez, no cumplieron con sus obligaciones de investigar y denunciar las irregularidades que fueron conocidas como consecuencia de las fiscalizaciones llevadas a cabo por la Dirección Regional Bahía Blanca». «Por el contrario, con el fin de ocultarlas decidieron disolver esa dirección», advirtió. El escrito fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello y es en el marco de la causa desprendida de la investigación conocida como la «ruta del dinero k», en la que ya fue elevado a juicio Lázaro Báez y fue indagada la expresidenta Cristina Kirchner. Marijuan acusa a ambos exfuncionarios de obstruir el avance las fiscalizaciones iniciadas entre los meses de mayo y julio del año 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca respecto de las sociedades Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cía S.A.
Sostuvo que las firmas, «al mes de julio del año 2012 presentaban un avance significativo y denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilización de facturación apócrifa cuyo beneficiario era, en forma directa o indirecta la empresa Austral Construcciones S.A» de Báez. Según esas fiscalizaciones, el grupo de sociedades investigadas no contaba con capacidad económica ni financiera para realizar obras o prestar servicios en la industria de la construcción o vial. Además, la fiscalía recordó que Echegaray disolvieron la Dirección Regional de Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos: «a partir de la sanción de esa disposición se obstaculizó el avance producido en las fiscalizaciones y que daban cuenta de las irregularidades de un posible fraude al fisco cometido por las personas jurídicas mencionadas». Asimismo, Marijaun refirió que en base a información aportada por la AFIP existen «inconsistencias de los contribuyentes subcotratados» por las empresas investigadas y «las relaciones que mantuvieran con el grupo Austral Construcciones perteneciente a Lázaro Antonio Báez». «Las anomalías detectadas por la Dirección Regional de Bahía Blanca, de manera alguna podía resultar desconocida para las autoridades de la Administración Federal, teniendo en cuenta que – como se ha demostrado- se trató de un mecanismo que se fue empleando en varias ocasiones con los distintos contribuyentes, muchos de ellos pertenecientes a un mismo grupo familiar», sostuvo Marijuan en su escrito.
«Está claro que en el marco de las facultades y atribuciones conferidas a los responsables de la AFIP se encuentra el deber de promover e investigar la posible comisión de un delito por parte de los contribuyentes. Sin embargo, actuaron de manera contraria, obstruyendo los avances de las fiscalizaciones y disolviendo la regional que las tuviera a su cargo», remató. Ahora, resta que Casanello firme la elevación a juicio de Echegaray y Toninelli.
Fuente: Cadena 3
