La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al nuevo Código Procesal Penal Federal.
Los cambios e incorporaciones de la normativa que busca modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales. La Cámara de Diputados sancionó el nuevo Código Procesal Penal Federal que introduce modificaciones a la Ley 27.063, sancionada en 2014. El proyecto obtuvo 134 votos a favor y 55 en contra. La iniciativa impulsada por el oficialismo contó con el apoyo, entre otros sectores, del Frente Renovador y el interbloque Argentina Federal. El Frente para la Victoria lo rechazó. El proyecto había sido aprobado en abril por el Senado y ahora quedó convertido en ley. Entre sus puntos más importantes, la nueva normativa pasa de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. Eso implica que los fiscales asuman un rol preponderante en el que conducen y dirigen las investigaciones. También incorpora nuevos sistemas de administración de justicia con la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas. Según sus fundamentos, se apunta a lograr procesos «más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces» para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso.
Además incorpora reformas aprobadas por el Congreso en los últimos dos años como, por ejemplo, la Ley de Flagrancia, La Ley de Derechos de la Víctima de Delitos y la Ley de Juicios Unipersonales. También suma, para la investigación de delitos complejos, las figuras del imputado colaborador o arrepentido, el informante policial, el agente encubierto y el agente revelador. Se prevé que la instrumentación de la norma tomará más de cuatro años ya que se aplicará progresivamente en las jurisdicciones del norte del país, luego en las del sur y finalmente en las del centro. El ministro de Justicia, Germán Garavano, se mostró conforme con la sanción y afirmó que aplicar este nuevo Código “permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso”.
Fuente: Diario Judicial