Los detuvieron en 2019 en un banco de la zona de Congreso, cuando sacaban dinero de cajeros automáticos con varias tarjetas de débito. Las víctimas eran beneficiarias de planes sociales como “Potenciar Trabajo”. Les hacían creer que, si no les daban la mitad de lo que cobraban, podían quitarles el plan. Hubo 25 damnificados y se calcula que en poco más de dos años recaudaron unos 3 millones de pesos.
La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, María Alejandra Provítola, elevó a juicio oral la causa seguida a tres hombres acusados de integrar una asociación ilícita que entre octubre de 2017 y diciembre de 2019 estafó a unas 25 personas a las que les conseguía planes sociales a cambio de apoderarse ilegalmente de la mitad de lo que cobraban por el beneficio, haciendo extracciones con las tarjetas de débito de las y los damnificados.
En línea con lo planteado en su requerimiento por el fiscal Pablo Recchini, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 30, la jueza Provítola decidió el martes pasado declarar clausurada la instrucción y elevar parcialmente a juicio oral las actuaciones que tienen como imputados a José Roberto Rognoni (56), Maximiliano Gabriel Heft (30) y Eduardo Alberto Gil (56). La investigación no está agotada, porque en el expediente hay un cuarto acusado ya individualizado que aún debe ser indagado.
Tal como planteó el representante del MPF, los tres acusados irán a juicio como presuntos coautores de los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado -20 hechos consumados y dos en grado de tentativa-, un hecho de estafa y dos de extorsión, todos los cuales concurren de manera real entre sí.
“Las pruebas colectadas durante la instrucción de la presente causa conforman un cuadro cargoso idóneo para requerir su elevación a juicio, habiéndose comprobado -con el grado de provisoriedad requerido por esta etapa procesal- tanto la materialidad de los hechos denunciados como así también la participación de los procesados en ellos”, sostuvo Recchini en el requerimiento.
En mayo pasado, los tres acusados habían sido procesados por la magistrada por los mismos delitos por los que ahora deberán afrontar el juicio oral, y con prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Los hechos
El fiscal Recchini le imputó a Rognoni, Heft y Gil “haber conformado una asociación ilícita que funcionó, cuanto menos, desde el mes de octubre del año 2017 hasta el mes de diciembre de 2019, destinada a percibir y/o retener ilegítimamente el 50% de los haberes que percibían en forma mensual, cuanto menos, veinticinco personas a la que sus integrantes les gestionaba el ingreso a alguno de los programas relacionados con ‘Argentina Trabaja’, ‘Hacemos Futuro’ y ‘Programa de Ingreso Social con Trabajo/Salario Social Complementario’ que luego fueron unificados en el programa ‘Potenciar Trabajo’ del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.
En el servicio de mensajería de la red social Facebook, uno de los acusados tenía tres conversaciones en las que refirió que “está sin laburo, choreando de la política y que está metido en un movimiento social”.
Según la investigación -de la que al inicio participó la extitular de la Fiscalía N° 30, Marcela Sánchez-, los tres acusados lograron obtener “mínimamente la suma total de 3.000.000 pesos”, al utilizar tarjetas de débito de 22 de los damnificados, conseguidas mediante engaño o retenidas de manera ilegítima.
La pesquisa determinó que la organización operaba en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, y estableció que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas eran personas que integraban una misma cooperativa.
La maniobra se iniciaba desde que a cada uno de los damnificados le daban de alta en distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los imputados simulaban que ellos eran quienes detentaban el poder para determinar si cada una de las víctimas continuaba o no percibiendo el beneficio.
El inicio de la causa
La investigación se inició el 5 de diciembre de 2019 a las 22.00, cuando a un inspector de la División Fraudes Bancarios de la Policía de la Ciudad le pareció sospechoso ver a dos hombres operando con diferentes tarjetas en los cajeros automáticos de la sucursal del Banco de la Nación Argentina (BNA) ubicada en la avenida Callao 101 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del Congreso de la Nación.
Ante la sospecha de que pudieran ser operaciones con tarjetas clonadas o robadas, el policía procedió a identificar a ambos sospechosos como Rognoni y Heft, y en su poder les secuestró seis tarjetas de débito del BNA, que tenían inscripto con marcador indeleble el número de cuatro cifras correspondiente al PIN de cada plástico, y la suma de 47.210 pesos.
Luego fue requisado un automóvil y se dispusieron allanamientos en los domicilios de ambos sospechosos, donde se individualizó al tercer imputado, Gil. En todos esos procedimientos se incautaron otras quince tarjetas de débito del BNA; dos de otros bancos; 27 fotocopias de DNI y la misma cantidad de constancias de CUIL; doce planillas del Ministerio Desarrollo Social con nombres, domicilios y firmas de gran cantidad de personas, y tres cuadernos con datos de varias personas.
Calificación legal
Al analizar cada uno de los delitos por los que los acusados enfrentarán el futuro juicio, Recchini explicó sobre la asociación ilícita que “en el caso de autos, han quedado demostrados todos los elementos requeridos por la figura bajo análisis” y, en ese sentido, mencionó “la intervención de al menos tres personas en un acuerdo previo”, con el designio de “cometer delitos indeterminados” y que “perduró en el tiempo desde el mes de octubre de 2017 y hasta el 5 de diciembre de 2019”.
El fiscal aclaró que los imputados “revisten calidad de miembros de la asociación, ya que las pruebas reunidas hasta el momento no han permitido asignar a alguno de ellos un rol de jefatura por sobre los otros”.
Sobre el delito de “defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño”, señaló que Rognoni, Heft y Gil “simulaban tener la facultad discrecional para otorgar y/o quitar el beneficio social a las víctimas”.
Además, la fiscalía explicó que “una vez que el beneficiario retiraba la tarjeta de débito del banco, concurría al cajero automático de la misma sucursal junto con alguno de los imputados, en compañía de quienes realizaban la primera extracción y les hacían la entrega del dinero exigido, la tarjeta ya habilitada, el PIN para operar con ella y el ticket de extracción que emitía el cajero automático”.
“Las pruebas colectadas durante la instrucción de la presente causa conforman un cuadro cargoso idóneo para requerir su elevación a juicio, habiéndose comprobado -con el grado de provisoriedad requerido por esta etapa procesal- tanto la materialidad de los hechos denunciados como así también la participación de los procesados en ellos”, sostuvo Recchini.
Según el requerimiento, a partir de dicha entrega eran los imputados quienes “continuaban percibiendo los haberes de la víctima y obtenían un beneficio patrimonial indebido, al apoderarse del 50% del subsidio estatal”.
El fiscal encuadró bajo la figura de estafa un caso en el que los acusados no tenían la tarjeta de débito de la damnificada, pero ella les entregaba el dinero porque le hacían creer que, si no les daba la mitad de lo que cobraba por el plan social, ellos tenían la facultad de hacerle perder el beneficio.
Recchini consideró configurados los dos casos de extorsión respecto de dos damnificados que fueron intimidados para que continúen entregando la mitad de lo que percibían. Según surge de la causa, en conversaciones vía WhatsApp mantenidas con una de esas víctimas, Rognoni le dijo que, si no le daba el dinero, tendría problemas, porque a él le “cuentan las costillas” y tenía que “rendirle a otra gente”; que no le gustaba “apretar a nadie”, pero que necesitaba saber si tenía el dinero y si se lo iba a dar.
Los celulares, prueba clave
Al valorar las distintas evidencias secuestradas o surgidas de la causa, el fiscal mencionó como elemento clave “el material obtenido en los teléfonos celulares” de los propios imputados.
En ese sentido, puntualizó que, al analizar el celular secuestrado a Rognoni, se hallaron en la mensajería de la red social Facebook, tres conversaciones en las que este acusado refirió que “está sin laburo, choreando de la política y que está metido en un movimiento social”.
A su vez, se corroboró -por los registros de impacto de las antenas de las líneas utilizadas- que los imputados se hallaban en la zona donde se localizan los distintos cajeros automáticos, en las fechas y horarios en que se realizaban las extracciones con las tarjetas de débito secuestradas.
Por último, la fiscalía advirtió que las operaciones de extracción se realizaban a “altas horas de la noche” y que en algunos casos operaban en los cajeros automáticos “hasta la madrugada del día siguiente”, mientras que se descubrió como un “patrón de conducta” que las fechas de ejecución de la maniobra coincidían con “los primeros días del mes, evidentemente inmediatamente después de que se acreditara en las cuentas los haberes sociales de los damnificados”.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6,
Voces: juicio, acusados, gestión de planes, tarjetas de beneficiarios, apoderamiento, ilegalidad, delito, asociación ilícita,
Fuente: fiscales.gob.ar
