El Tribunal de Casación bonaerense ordenó alas comisarías donde se estén alojando detenidos y que hayan sido inhabilitadas o clausuradas para tal fin.
En un fallo firmado por los jueces de la Sala V del Tribunal Daniel Carral y Ricardo Borinsky se dispone la prohibición de enviar detenidos a dependencias policiales no aptas y de alojar en comisarías a jóvenes, enfermos y
mujeres embarazadas y se ordena a la cartera de Seguridad que en un plazo de sesenta días presente un plan de obras para adecuar los cupos de alojamiento «admisibles y autorizados», en medio de una panorama de
hacinamiento y empeoramiento de las condiciones de detención.
La resolución de Casación fue tomada en el marco de un hábeas corpus impulsado por el «Colectivo de Personas Privadas de la Libertad en Cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense» y con el acompañamiento del
Defensor de Casación, Mario Coriolano. Allí, se denuncia el agravamiento de las condiciones de detención en cárceles, alcaidías y comisarías de la Provincia, agravado desde el inicio de la pandemia de coronavirus.
La situación en las cárceles bonaerenses quedó en primer plano en diciembre del año pasado, a pocos días de que Axel Kicillof asumiera en la Gobernación, a partir de la masiva huelga de hambre de la que participaron más de 10 mil presos reclamando contra el hacinamiento y las pésimas condiciones en la que están los penales.
A principios de este mes, el gobierno nacional y provincial anunciaron un plan para sumar 8 mil nuevas plazas penitenciarias en territorio bonaerense para
descomprimir la sobrepoblación carcelaria. El proyecto apunta a construir al menos 4 nuevas cárceles sobre la ruta 6 además de reparar una cien comisarías de la provincia para lo que se levantarán nuevas alcaldías donde alojar a los presos mientras se realizan las obras.
De acuerdo a los últimos datos, la situación sigue siendo muy crítica. Tras un relevamiento actualizado a agosto pasado, bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hay 43.791 personas detenidas, de las
cuales un total de 40.345 están alojadas en cárceles, 1291 en alcaidías y unas 2155 con arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Y tal como sucede desde hace muchísimos años, según la Comisión Provincial de la
Memoria (CPM), más de la mitad de los presos son procesados con prisión preventiva. En comisarías, en tanto, se estima que hay unos 5.500 detenidos, todos sin condena
En el fallo que firmó hoy el Tribunal de Casación, los jueces hacen lugar parcialmente a la acción de habeas corpus «interpuesta a favor de las personas alojadas en la Unidad Carcelaria N° 30 de General Alvear, Unidad N° 31
de Florencio Varela, y la totalidad de las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires».
En ese marco, se ordena al Ministerio de Justicia «que en el plazo de sesenta días presente un plan que contemple la progresiva adecuación de la infraestructura de las unidades Nro. 30 –General Alvear- y Nro. 31 –Florencio
Varela-, a la capacidad admisible de alojamiento». «Asimismo -plantean los jueces- se contemple en la citada planificación la integración de las personas privadas de libertad que se identifiquen en el colectivo LGTBIQ, previendo a su vez la capacitación especial del personal a quienes que corresponda interactuar».
A la cartera que conduce Julio Alak los jueces además le ordenan que, en orden al incremento de la tasa de juicidios que se viene registrando en las cárceles bonaerenses, «se ejecute un plan de apoyo psicológico a
los fines de contener la contingencia propia de la pandemia que atraviesa nuestro Estado».
Finalmente, los jueces Carral y Borinsky ordenan encuentran alojadas en dependencias policiales inhabilitadas o clausuradas a tal fin, debiendo
cumplimentar lo dispuesto de conformidad con los protocolos sanitarios vigentes».
Fuente: El dia
Fuero: Penal
Tribunal: Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires
Voces: comisarías clausuradas, cupos de alojamiento, hábeas corpus
