El agente fue etiquetado en una nota crítica y vetó al comunicador de su perfil de Twitter.
El caso llegó a la Suprema Corte, que le ordenó que lo admita nuevamente, fijando un precedente para los funcionarios. Después de dos años de batalla legal, la Suprema Corte de Justicia de México le dio la razón a un periodista quien fue bloqueado por un fiscal general en Twitter y le ordenó a éste que le abra nuevamente el contenido de su cuenta. La causa comenzó en 2017, cuando el demandante, Miguel León -quien realizaba publicaciones sobre la violencia que azota al estado de Veracruz- etiquetó a Jorge Winckler, un agente de ese Estado, en uno de sus posteos, y fue bloqueado. La decisión de la máxima instancia mexicana es inédita y sienta un precedente, al reconocer y proteger el derecho al acceso a la información en Internet. También es novedosa porque fija pautas sobre cómo deben ser las relaciones en la redes sociales entre los meros usuarios y las personas que ocupan altos cargos públicos. A su turno, León alegó que la medida que tomó Winckler, quien asumió su puesto en 2016, violó su derecho a tomar conocimiento de comunicados, boletines y posteos necesarios para realizar su trabajo y que, por lo tanto, también vulneró su libertad de expresión. “Mis notas eran bastante duras, pero el fiscal se tomó esas críticas de forma personal”, aseguró el joven, de 26 años, quien escribe para medios como eConsulta y La Silla Rota, y ganó el Premio Nacional de Periodismo por una crónica sobre una fosa clandestina en Tihuatlán, titulada “El campo de exterminio que el Gobierno de Veracruz ocultó”.
Por su parte, en su defensa, el fiscal, quien se describe en su perfil como “buscador constante de la Justicia”, argumentó que se trataba de su cuenta personal y que la decisión de hacerla visible sólo a algunos usuarios era parte de su derecho a la privacidad. Según el accionado, si el periodista quería datos sobre su desempeño, debía acudir a otros canales para obtenerlos. Un juez federal falló a favor del reclamante en mayo del año pasado, pero la defensa de Winckler recurrió la sentencia. El magistrado de distrito que recibió el recurso le pidió a la Suprema Corte que tomara el caso. Así lo hizo y empezó a revisarlo en octubre. En su fallo, el alto cuerpo destacó que en el perfil de Winckler la mayoría de los tuits están ligados a sus actividades laborales y enfatizó que el propio funcionario fue quien “libremente decidió extraer su cuenta de la esfera privada para trasladarla al ámbito público, con todos los contenidos que preexistían”. Asimismo, subrayó que, como periodista, León tiene “garantías reforzadas” para investigar y buscar información, pero aclaró que por el solo hecho de ser ciudadano debe tener acceso a la información disponible en el perfil del agente. Con esos argumentos, le ordenó a Winckler que le diera acceso permanente a su cuenta de Twitter a León, incluso si dejaba su cargo, porque “sigue siendo una persona pública”. En tanto, la Corte precisó que si el fiscal no acataba su instrucción le requeriría directamente a los representantes de la red social en México que levanten el bloqueo o que tomen las medidas que considere necesarias.
En otro tramo se su sentencia, el tribunal precisó que las autoridades gubernamentales y los funcionarios judiciales, entre otros, sólo podrán restringir el acceso a sus cuentas en las redes si justifican “legítimamente” un comportamiento abusivo de otros usuarios. Sin embargo, aclaró que las opiniones severas, provocativas o chocantes que “puedan llegar a ser escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa”, no pueden considerarse injustificadas. El caso que resolvió la Suprema Corte mexicana no es el primero que involucra a Winckler. La periodista Naldy Rodríguez también fue bloqueada por el fiscal y un juez le otorgó un amparo en septiembre del año pasado.
Fuente: Comercio y Justicia
