La pareja y su hija están en Máncora, donde existe estado de sitio, y están prohibidos los vuelos comerciales. Dicen que no reciben ninguna ayuda de la Cancillería argentina y temen por su salud.
Las condiciones de desamparo, emergencia económica y la imposibilidad de volver de miles de argentinos que quedaron varados en el exterior por la crisis del Coronavirus, repercuten en la Justicia. Esta mañana ingresó en el Juzgado Federal 2 de Mendoza el primer amparo de una familia varada en el norte de Perú, para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 313/2020 del presidente Alberto Fernández.
En Perú se estima que quedan 1.400 turistas argentinos diseminados por las distintas regiones. Hay toque de queda desde las 18 horas y se han bloqueado las salidas terrestres y aéreas de Lima.
La pareja de periodistas que integran Juan Carlos Albornoz y Carolina Baroffio, junto a su hija de 9 años, viajaron la primera semana de marzo de vacaciones a las playas de Máncora, con un vuelo de la empresa Latam. “Nos suspendieron los vuelos de regreso hasta fines de abril y, como en esta ciudad, no hay representantes diplomáticos argentinos, estamos desamparados”, dice Carolina.
El amparo fue presentado a las 9.30 de este lunes por el estudio de los abogados Jorge Caloiro y Marcos González Landa, en el juzgado Federal 2 de la ciudad de Mendoza, a cargo del juez Walter Bento. Los patrocinantes piden al juez que ordene al Estado Nacional Argentino que, en forma inmediata, proceda a “arbitrar los medios de transporte para repatriar” a la Ciudad de Mendoza a Juan Carlos Albonoz, Carolina Baroffio y su hija de 9 años.
Y solicitan: «Ordene, también, que en forma inmediata el Estado Nacional, mediante la Cancillería o el organismo que considere pertinente, asista económicamente con los gastos de alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria y toda necesidad básica que requieran, hasta el regreso a nuestro país, en conformidad con lo dispuesto en el art. 4 del DNU 313/2020 y de la resolución 2020-62 publicada en el Boletín Oficial.”.
El argumento legal plantea que el decreto 313 viola el artículo 22 inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, que sostiene que «todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”.
El amparo plantea que los tres ciudadanos argentinos se encuentran “abandonados” por nuestro Estado Nacional en la ciudad de Máncora, de la República del Perú, desde el pasado 21 de Marzo fecha en que debían retornar, imposibilitados de ingresar al país por lo dispuesto en el decreto atacado por esta acción. En cuanto a la situación de emergencia sanitaria declarada por el Presidente, los abogados sostienen que: “si bien la Constitución Nacional permite excepciones a algunos de estos derechos en caso “de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte», aclara que siempre que estas disposiciones «no sean incompatibles con las demás obligaciones»que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
El abogado Caloiro explicó a Clarín que sus defendidos “no presentan ningún síntoma del COVID19 y que, en caso de regresar a nuestro país, cumplirían con la cuarentena vigente en nuestro territorio nacional”.
Desde antes de que se decretara la imposibilidad de los argentinos varados de volver al país, Albornoz ha intentado retornar a casa: “He estado en contacto con personal de Cancillería y la embajada argentina en Perú, pero no tienen respuestas. Nos dicen que están desbordados. No recibimos ningún tipo de ayuda, ni comida ni hospedaje”, explica el periodista del diario Mdz. La familia ha conseguido que un pequeño hotel les otorgue alojamiento y les permita permanecer más allá de la estricta cuarentena impuesta por el gobierno del presidente peruano Martín Vizcarra. Pero se les están terminando los recursos para subsisitir.
Sin embargo, los mendocinos argumentan que el mayor miedo es a “enfermarse”, ante la emergencia en salud mundial por la pandemia, la gran incertidumbre es qué sistema de salud los va a contener como expatriados.
“¿Qué pasaría si la familia Albornoz contrae el virus estando en Máncora? ¿Que pasaría si los tienen que hospitalizar en una ciudad que dista mucho de tener el sistema de salud con el que contamos en Mendoza? La pequeña ciudad de Máncora solo tiene un posta sanitaria. ¿Cuándo podrían regresar en caso de contraer el virus, sino lo pueden hacer ahora estando sanos?”, plantea la presentación judicial. Y concluye: “El decreto 313/2020, altera, menoscaba y aniquila concretamente los derechos y garantías constitucionales que asisten a esta familia argentina”.
Fuente: Clarín
