Las fallas en el sistema informático del Poder Judicial dejaron al descubierto los problemas por la falta de inversión en tecnología. Tras los inconvenientes con el Lex100, el Consejo de la Magistratura evalúa adquirir nuevo equipamiento e iniciar una investigación para «deslindar las responsabilidades» del hecho.
Los recientes acontecimientos que afectaron al sistema informático del Poder Judicial de la Nación, más conocido como Lex 100, dejaron al descubierto la escasa inversión en tecnología y la falta de actualización de los sistemas infomáticos.
El desperfecto se originó en el «storage», en palabras simples, en el centro de almacenamiento que soporta la base de datos principal del sistema.
Tras una semana de interrupción, los técnicos lograron restablecer el sistema y «reparar» el aparato dañado que, según fuentes del Poder Judicial, tiene una antigüedad de 10 años. El equipo se encuentra discontinuado del mercado y no cuenta actualmente con soporte técnico.
Desde su instalación y puesta en funcionamiento, el Lex 100 fue el centro de las críticas debido a su alto costo, lentitud, falta de operatividad y sistemáticas fallas.
Dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación coinciden en la necesidad de llevar adelante una «contratación directa por razones de urgencia» para renovar el «storage», ya que, según afirmaron, se trata de una “situación de extrema gravedad institucional».
Aunque el sistema volvió a la normalidad, el arreglo es “provisorio”, por lo que los especialistas plantearon la inmediata necesidad de adquirir un nuevo equipamiento y contar con un sistema de redundancia que prevea este tipo de desperfectos.
Dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación coinciden en la necesidad de llevar adelante una «contratación directa por razones de urgencia» para renovar el «storage», ya que, según afirmaron, se trata de una “situación de extrema gravedad institucional». A su vez, el consejero Alberto Lugones requirió el inicio de una investigación para «deslindar las responsabilidades» que “por acción u omisión pudieran haber generado el grave inconveniente».
Emergencia judicial
En octubre pasado, el Consejo de la Magistratura declaró la “emergencia judicial” por la grave situación que atraviesan los tribunales nacionales y federales de todo el país.
Sin embargo, el gremio dirigido por Julio Piumato estimó que la reciente declaración del Consejo es «insuficiente», por lo que solicitaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación «asuma la responsabilidad de declararla en sentido amplio».
En una nota enviada al Alto Tribunal, Piumato solicitó que se convoque a trabajadores, funcionarios, magistrados y abogados para elaborar un «plan estratégico» para solucionar los problemas en materia edilicia y tecnológica. “Es necesario tomar medidas que garanticen la independencia del Poder Judicial y un correcto funcionamiento del mismo”, señala el documento dirigido al juez Carlos Rosenkrantz.
Fuente: Diario Judicial.
