El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Córdoba creó un Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil para asesorar a jueces y otros funcionarios para darle mayor claridad al lenguaje jurídico-administrativo y llegar a un manual de estilo para fallos y sentencias, que haga más simple la sintaxis y evite los arcaísmos y las citas en latín, entre otros recursos que ponen distancia y dificultan la comprensión.
“La finalidad del ente es promover acciones tendientes a facilitar la comprensión por parte de los justiciables de las resoluciones y demás documentos o comunicaciones generados en el desarrollo de la función judicial, especialmente cuando estos se dirijan a quienes conforman grupos vulnerables”, define la resolución firmada por la presidenta del TSJ, María Marta Cáceres de Bollati, y sus pares Aída Tarditti, Domingo Juan Sesín y Mercedes Blanc de Arabel.
El comité estará liderado por el responsable de la comunicación del TSJ, Leonardo Altamirano, e integrado por los magistrados Alberto Ramiro Domenech, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia del Centro Judicial Villa María; Silvia Palacio de Caeiro, vocal de la Cámara en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación; y Mónica Traballini, vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación, ambas de la ciudad de Córdoba; Aída Manitta, por el Centro Ricardo Núñez; Virginia Fourcade, por la Oficina de Prensa del TSJ; Federico Abel, por la Relatoría Electoral y de Competencia Originaria del TSJ; y Marisa Fassi, por la Oficina de Derechos Humanos del TSJ.
Leonardo Altamirano valoró el “impulso institucional” de la decisión del TSJ. “Hasta el momento, la mayoría eran acciones individuales: un juez sensibilizado en el tema incluía un párrafo de fácil lectura, por ejemplo. Este comité va a asesorar a los magistrados, con un comité de expertos, que podrían asesorar en casos concretos. Un caso especial es el de las personas que tienen dificultades de comprensión del lenguaje, como quien padece de dislexia. En esos casos, un juez no puede hacer su sentencia accesible, se tiene que conseguir un experto”, explicó Altamirano.
Los problemas más comunes, según Altamirano, son la sintaxis compleja, la extensión de los fallos, los arcaísmos (términos en desuso) y los tecnicismos. “Se utiliza una sintaxis muy compleja, con un uso excesivo de subordinadas que altera la estructura de sujeto, verbo y predicado, y hace muy difícil seguir un texto jurídico a quien no está habituado a su lectura”, confió.
Uno de los aspectos más importantes que se plantea el Comité es avanzar en la aplicación de las reglas de Brasilia que estipulan que en cada sentencia debe haber párrafos dirigidos a personas vulnerables con una redacción lo más sencilla posible.
“En la versión recientemente actualizada de las reglas de Brasilia, la regla N° 58 establece que ‘toda persona en condición de vulnerabilidad tiene el derecho a entender y ser entendida’. La regla N° 59 prescribe que ‘en las notificaciones y requerimientos se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad’. Idéntica medida promueve la regla N° 60, cuando postula que en las resoluciones judiciales ‘se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico’. A diferencia de las iniciativas que impulsan la clarificación general del discurso jurídico, las reglas de Brasilia postulan la necesidad de incorporar párrafos o comunicaciones especialmente dirigidas a aquellas personas en situación de vulnerabilidad que estén afectadas por las decisiones judiciales concretas”, explica, en el decreto que pone en marcha el Comité del TSJ.
El Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez viene desarrollando instancias de capacitación en redacción orientadas a la clarificación del lenguaje jurídico desde el año 2010.
Actualmente, el campus virtual de la institución ofrece el curso autoadministrado denominado “Producción de textos en el ámbito del Poder Judicial”, que en las ediciones correspondientes a los años 2017 y 2018 fue aprobado por 536 agentes judiciales, destaca el TSJ.
El tema también fue abordado por investigaciones. Se publicó recientemente un informe sobre el “Análisis de la dimensión comunicativa de las resoluciones judiciales. Relaciones entre el discurso jurídico y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”, en 2019, y está en desarrollo la investigación “Acceso discursivo a la Justicia por parte de las personas vulnerables: diagnóstico y propuestas de acción”.
“No obstante los esfuerzos realizados, resulta conveniente que quienes ejerzan la función jurisdiccional o se desempeñen en espacios de atención a colectivos vulnerables cuenten, eventualmente, con la posibilidad de acceder a un asesoramiento interdisciplinario en materia de lenguaje claro y de otras herramientas comunicacionales que faciliten el cumplimiento efectivo de los objetivos planteados”, entendió el TSJ.
Para Leonardo Altamirano, no es de descartar que se pueda avanzar en un manual de estilo para los fallos judiciales, similar al que existe en algunas redacciones periodísticas, como en La Voz. Los tribunales españoles han puesto en marcha una experiencia de ese tipo, con un glosario accesible. “Se podría partir por sugerir algunas maneras del uso de mayúsculas, palabras preferidas sobre otras, evitar el gerundio, los tecnicismos, los arcaísmos, cómo citar y, en general, todo lo que se utiliza en forma habitual en la redacción jurídica. La idea es tender a homogeneizar la redacción y hacerla más simple y comprensible”, explica.
“El párrafo unioracional, ese que utiliza construcciones sintácticas muy complejas, con una o varias subordinadas, es uno de los principales problemas por desterrar de la cultura judicial. Es una de las conclusiones principales de la mesa sobre lenguaje jurídico que se hizo en el último Congreso Internacional de la Lengua Española (Cile), donde especialistas de todo Iberoamérica coincidieron en este punto”, abundó Altamirano.
Estas serán las funciones del Comité, según del decreto publicado este martes en el Boletín Oficial:
- a) Asesorará a los órganos jurisdiccionales y a las oficinas administrativas del Poder Judicial de Córdoba en cuestiones relacionadas con la clarificación del lenguaje jurídico y administrativo que se suscitaran en el ejercicio de sus competencias.
- b) Diseñará y elaborará, en coordinación con la Oficina de Prensa del TSJ, los productos comunicacionales (gráficos, audiovisuales o digitales) que fueran necesarios para facilitar la comprensión de la actividad judicial por parte de personas sin formación jurídica y personas pertenecientes a grupos vulnerables.
- c) Propondrá y desarrollará, en coordinación con el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, instancias de capacitación para operadores judiciales y extrajudiciales sobre estrategias para la clarificación de lenguaje jurídico como así también para el diseño y la elaboración de comunicaciones de fácil lectura.
- d) Producirá materiales de consulta que sirvan a los operadores judiciales para mejorar sus prácticas cotidianas de comunicación con los justiciables y con la ciudadanía en general.
- e) Convocará, eventualmente, a especialistas de diferentes disciplinas con el fin de ofrecer un asesoramiento específico cuando estuvieran involucradas personas vulnerables.
- f) Confeccionará, en coordinación con la Oficina de Derechos Humanos del TSJ y con la Oficina de Prensa, campañas con el fin de concientizar sobre la importancia de emplear un lenguaje claro e inclusivo como herramienta para la mejor comprensión de los derechos por parte de los colectivos más vulnerables.
- g) Promoverá investigaciones sobre el uso del lenguaje por parte de la administración de justicia y sobre la implementación de nuevas formas de comunicación con los justiciables, los auxiliares de la Justicia y la ciudadanía en general.
Fuente: La Voz del Interior
