Para el fiscal general y director de la Agencia, Carlos Ernst, las claves radican en la capacitación sobre el derecho y los procedimientos que permiten implementarlo. Los datos más requeridos por la ciudadanía fueron acerca del desempeño del organismo como parte del sistema de administración de justicia.
El derecho universal de acceso a la información resulta esencial para el funcionamiento democrático de las sociedades y para el bienestar de toda persona”, y es “parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión”. Las afirmaciones corresponden a la UNESCO, que estableció al 28 de septiembre como el «Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información» mediante una resolución aprobada en noviembre del 2015.
En la Argentina, el derecho ya se encontraba consagrado en los principales instrumentos internacionales que gozan de jerarquía constitucional, como la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Y en 2016 se sancionó y promulgó la ley 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que entre otros aspectos incluyó al Ministerio Público Fiscal de la Nación como uno de los sujetos obligados a brindar información. La nueva norma entró en vigencia un año después, lapso de tiempo en el que el MPF tuvo que adaptarse a las obligaciones allí contenidas, como la creación de su Agencia de Acceso a la Información Pública. Ese órgano fue implementado a través de la resolución PGN 2757/17, que también dispuso la designación de la secretaria de Coordinación No Penal Johanna Cristallo y el director de Relaciones Institucionales Luis Lozano como responsables de acceso, y el desarrollo de un portal de datos abiertos. Así se establecieron mecanismos que transparentaron la actividad del organismo y permitieron a la sociedad acceder a información oficial a través de canales de comunicación ágiles, sencillos y efectivos, que se sumaron a los sitios institucional y de noticias Fiscales.gob.ar, en línea desde 2013.
Capacitación para un ejercicio eficaz del derecho
El fiscal general Carlos Ernst fue designado director de la Agencia de Acceso a la Información Pública del MPF en septiembre de 2018, tras un proceso de selección implementado conforme a la ley. Desde esa función le contó a Fiscales.gob.ar cuáles son los desafíos jurídicos y culturales en la materia y cómo se transitó el proceso desde la sanción de la ley 27257 en el MPF. “Uno de los desafíos mayores ha sido el de difundir, informar y llevar a conocimiento de fiscales y agentes del MPF el nuevo sistema legal. El conocimiento y la capacitación por parte de todas nuestras áreas de trabajo, sean internas de la Procuración General o fiscalías de todos los fueros y lugares, tanto respecto del derecho en sí, como del procedimiento que permite su implementación, son vitales para que el derecho de acceso pueda ser ejercitado eficazmente por los ciudadanos en el marco del Ministerio Público Fiscal”, adelantó.
«La capacitación respecto del derecho en sí, como del procedimiento que permite su implementación, son vitales para que el derecho de acceso pueda ser ejercitado eficazmente», resaltó Carlos Ernst.
En ese sentido, explicó que “se puso rápidamente en marcha un proceso de difusión y capacitación con reuniones presenciales y cursos online que permitieron orientar adecuadamente a nuestros agentes. Como director de la Agencia y de la Carrera de Especialización en MPF de la UBA me preocupé también por incorporar en forma especial una asignatura sobre la materia que brinde formación al respecto”. “La respuesta recibida ha sido ampliamente satisfactoria, prueba de ello es que los pedidos de información han sido respondidos siempre en término y en forma adecuada; la ausencia de reclamos muestra la eficiencia lograda”, resaltó.
En cuanto al aspecto cultural, estimó que “el desafío es transmitir un mensaje claro, que la información pública en manos del estado tiene que estar disponible para cualquier ciudadano sin que justifique interés, ni motivo, porque es el depositario de la soberanía y los funcionarios públicos sus ocasionales representantes”. “La buena formación cívica y profesional de quienes integran el MPF ha colaborado inequívocamente para que este mensaje fuera rápidamente comprendido”, completó.
Solicitudes y respuestas en aumento
Los datos provistos por la propia Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público Fiscal arrojan que las solicitudes (SIP) vienen en ascenso: fueron 16 en 2017; 35 en 2018; 62 en 2019 y 67 hasta el 31 de agosto de este año, totalizando 180.
La solicitudes dirigidas al MPF fueron 16 en 2017; 35 en 2018; 62 en 2019 y 67 hasta el 31 de agosto de este año, totalizando 180. La mayoría se refirieron a la actividad jurisdiccional del organismo.
La mayoría contemplaron la actividad de las fiscalías del MPF, principalmente en materia penal (34 por ciento). Le siguen las áreas especializadas que actúan en la órbita de la Procuración General con un 32 por ciento -procuradurías, unidades fiscales, direcciones generales, etc-. Esto refleja que la mayoría de las solicitudes ingresadas hasta el momento se vincularon con la actividad jurisdiccional del organismo, como parte del sistema de administración de justicia.
En lo que respecta a la información ligada a la administración del MPF, un 23 por ciento de las SIP se refiere a los recursos humanos, mientras que un 10 por ciento se relaciona con la actividad administrativa propiamente dicha. Finalmente, sólo un 1 por ciento de los pedidos fueron para acceder a las declaraciones juradas de magistradas/os y funcionarias/os obligadas/os a brindarlas; en esos casos se les comunicó a quienes formularon los pedidos que existe un procedimiento especial dispuesto por ley. Todos estos datos y otros, como los relativos a las temáticas jurídicas consultadas y las características de las y los solicitantes, son actualizados periódicamente y pueden consultarse acá.
Fuente:fiscales.gob.ar
