El Ministerio de Trabajo que encabeza Claudio Moroni le negó al grupo aéreo Latam el pedido de la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).
Con ese trámite, pedido por la compañía el 17 de junio pasado, se buscaba concretar una desvinculación «conveniente» de sus más de 1.700 empleados, en momentos en el que el decreto de emergencia establece la doble indemnización en caso de despidos.
EL PPC es un sistema previsto permite a las empresas pedir que se aplique una reducción de la indemnización a la mitad cuando aparece un caso de fuerza mayor que modifique la actividad, como el Covid-19. Latam ahora apelará el fallo ante la Justicia.
En forma paralela, en la compañía siguen las negociaciones con muchos empleados que buscan acordar retiros voluntarios y además, para acelerar su salida del mercado local, evalúan que será del futuro de los activos, como los aviones y las oficinas administrativas y comerciales. Todos estos movimientos ponen los pelos de punta a los gremios del sector aerocomercial que aseguran que los empleados son «presionados» para llegar a un arreglo.
«En el marco de la crisis más severa e inédita que atraviesa la industria aeronáutica en el mundo, y sin ninguna operación regular de pasajeros en el país desde marzo; LATAM Airlines Argentina solicitó con carácter de urgencia la intervención del Ministerio de Trabajo para la conformación de mesas de negociación con todos los gremios, con el objetivo de discutir en el ámbito ministerial la propuesta de reducción temporal del salario para todos sus colaboradores. A pesar de que luego de siete audiencias en el ámbito de la cartera laboral no se pudo lograr un acuerdo, el 50% de los colaboradores procedió a la firma de un acuerdo individual de reducción voluntaria de salario», indicó la compañía, que había ratificado su salida del país el 8 de julio en la audiencia virtual mantenida con los gremios en Trabajo.
La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) ratificó su reclamo de «urgentes soluciones» al «conflicto aún abierto» con la filial local de Latam, que decidió clausurar las operaciones de cabotaje en el país y exigió «el inmediato pago de salarios y aguinaldo adeudados».
El secretario general del sindicato que nuclea a los tripulantes de cabina, Juan Pablo Brey, rechazó también el PPC presentado por la empresa ante el Ministerio de Trabajo e intimó a la patronal a abonar los haberes íntegros de abril, mayo y junio y el medio aguinaldo.
Los reclamos gremiales se producen en el contexto de varias movilizaciones de protesta que se realizan desde hace días en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery por parte del sindicato de aeronavegantes y de otros gremios.
Brey rechazó en un comunicado de prensa «la utilización del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y el PPC presentado por la firma ante la cartera laboral», y los calificó como «una excusa para incumplir la obligación empresaria de abonar las indemnizaciones según el decreto presidencial».
Reducción de salarios
Al anunciar su cese de operaciones en el país, hace más de un mes, la empresa destacó que su actividad aportaba casi el «0,6% del Producto Bruto, equivalente a unos USD2.700 millones anuales».
También subrayó que «los vuelos y operaciones de Latam Argentina contribuían a los ingresos laborales del país un promedio de USD1.100 millones, generando un total de ingresos fiscales de USD600 millones».
La aérea piloteada por Rosario Altgelt había intentado reducir los salarios al 50% pero la medida no fue aceptada por los gremios ni el Gobierno, a pesar de que varios empleados tomaron esa opción.
Fuente: Diario BAE
