Lenguaje hermético, críptico e incomprensible es como se califica la redacción de los documentos jurídicos y administrativos que van dirigidos a la ciudadanía.
Plagados de tecnicismos, de una redacción intrincada y pomposa que busca precisión y lucimiento, logran lo contrario: ambigüedad y confusión para el común de la gente.
Sobre lo que se expresa en contratos, fallos y sentencias, las personas deben comprender lo que tendrá consecuencias en su vida, pero en general, necesitan “traductores” que les expliquen los alcances de lo establecido para actuar sin equivocarse. Aun así, suele ser insuficiente.
Cuenta Dora Antinori Asís, jueza de Ejecución Penal de Cruz del Eje, que muchas veces los internos que acceden a una libertad anticipada, por la ansiedad del momento y por el lenguaje judicial, no entienden o no pueden registrar las condiciones que les establecen, y que es frecuente que se muden sin pedir autorización al juzgado. Cuando vuelven al sistema penitenciario por no haber acatado la condición de mantener el domicilio que fijaron y les preguntan por qué no la respetaron, la respuesta más común es “no sabía”, “no me di cuenta” o “no entendí”.
También Cristina Carretero, profesora de Derecho Procesal y de Oratoria y Redacción Jurídica en la Universidad Pontificia Comillas (España), recuerda que desde pequeña le llamó la atención que “cuando un fiscal o el juez se dirigían a las personas que pasaban por el juzgado, muchas veces las caras que ponían eran de ‘qué me están contando”.
Una investigación realizada en Córdoba confirma estas dificultades para interpretar las resoluciones judiciales por parte de la ciudadanía y de los periodistas: “Los problemas están cifrados en la larga extensión de los textos; en la utilización de términos técnicos y de locuciones en latín cuyo significado no se explicita o traduce; en la reiteración de frases en el mismo texto, así como en la utilización de citas y remisiones a datos contenidos en el expediente”. “A pesar de los obstáculos, los entrevistados han podido reconstruir el contenido de las resoluciones y sus interpretaciones no han sido erróneas”, aclara el estudio, que se presentó el jueves pasado y que se llevó a cabo en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez del Poder Judicial, bajo la dirección de Raúl Fernández.
La investigación también constató que “pese a que la información sea pública y de fácil circulación, no la convierte necesariamente en accesible”. Por lo tanto, recomienda que los magistrados y operadores judiciales tengan en cuenta a destinatarios sin formación jurídica en la redacción de las resoluciones.
La conciencia de que la redacción legal, jurídica y administrativa no colabora para que los ciudadanos comprendan sin tener que releer y sin buscar ayuda, va ganando espacio en los países de habla hispana y se van formando redes que tratan de incidir para que el lenguaje llano sea una política pública.
Así, en la Argentina se formó, en 2017, la Red Nacional de Lenguaje Claro inspirada en la de Chile. “La idea de la red es que los tres poderes trabajen con la claridad en el lenguaje en los textos cuyo destinatario principal es el ciudadano, porque esto tiene que ver con el fortalecimiento institucional, con el acceso a la información y el gobierno abierto”, señala Natalia Staiano, licenciada en Letras y Directora de Capacitación Técnico-Profesional del Senado de la Nación.
¿De qué sirve el sitio web de un organismo público si las personas no comprenden la información por la forma en que está redactada? Eso no es transparencia, aseguran los especialistas. “Se trata del derecho que tenemos todos como ciudadanos a entender los textos (leyes, normas, seguros, contratos, sentencias, garantías, etcétera) que nos rigen para llevar a cabo una vida cívica, porque si no, nos alejamos de tener una participación comprometida. Esto tiene que ver con la democratización de la información: que todos podamos acceder al conocimiento”, explica Staiano.
Lenguaje claro implica comunicar con términos sencillos y con redacción simple, que manifieste la idea en forma directa, sin expresiones ampulosas ni oraciones extensas. “No es que se vaya a vulgarizar o rebajar el lenguaje, todo lo contrario: se puede decir lo mismo, pero que se entienda, sin tanto tecnicismo y sin tanta prosa ambigua”, remarca Staiano.
Aunque parezca un contrasentido, comunicar en forma llana supone un esfuerzo adicional. “Se necesita concientización, cambio de mentalidad y un esfuerzo extra para sacar algo complejo en forma clara para el ciudadano”, subraya Carretero. “Y si soy una ciudadana común –agrega– y me dictan una sentencia, tengo derecho a entenderla”.
Fuente: La Voz del Interior.
