El Estado pidió disculpas públicas a una víctima de violencia de género

El Estado Argentino reconoció públicamente su «responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos» que sufrió Olga del Rosario Díaz, una mujer que fue víctima de violencia de género, y se comprometió a llevar adelante «una reparación integral» hacia ella y su familia. También se comprometió a tomar «acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia», según un documento oficial que se leyó durante un acto público realizado de manera virtual.

Olga del Rosario Díaz fue víctima de violencia de género desde el 2002, cuando realizó la primera denuncia contra el padre de sus hijos, Luis Palavecino.

Desde entonces devinieron nuevos hechos de violencia, nuevas más denuncias y una serie de medidas judiciales que demostraron ser ineficaces. En 2017, la mujer fue víctima de un intento de femicidio por el que pasó 45 días internada en terapia intensiva.

Tras su recuperación, junto a la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa (MPD), decidió denunciar al Estado argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw, en inglés) por no haber respondido a todas las denuncias que ella hizo.

Finalmente, en 2019 se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.

El «acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pedido de disculpas del Estado Argentino» se llevó a cabo este jueves de manera virtual y fue presidido por el secretario de Derechos Humanos de La Nación, Horacio Pietragalla, con la participación de autoridades del Consejo de la Magistratura de la Nación, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería.

«Este acto no lo pensamos como un acto meramente formal sino que es una medida de reparación integral hacia Olga y hacia todas las víctimas que no son contenidas, ni escuchadas, ni acompañadas por el Estado», señaló Pietragalla durante su discurso de apertura. «A título personal, quiero decirte que apenas asumí como secretario de Derechos Humanos me contaron de esta causa y como una persona que vivió en un ámbito de violencia de género y de violencia intrafamiliar quiero decirte que estoy doblemente feliz de poder hacer esta reparación, porque sabemos lo que sufriste y lo que sufrieron tus hijos», apuntó el funcionario.

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, fue la encargada de la lectura del documento oficial en el que «el Estado argentino reconoce públicamente su responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos que sufrió Olga del Rosario Díaz y presenta las más sinceras disculpas tanto a ella como a sus hijas Estefanía, Antonella y Silvina y a su hijo Esteban». «Lo sucedido a Olga y a su familia ilustra el accionar de un sistema de administración de justicia que ha demostrado ser ineficaz para atender y dar respuesta adecuada y oportuna a casos de violencia por motivos de género. Más que garantizar a las mujeres el acceso efectivo a la justicia, la intervención judicial ha funcionado, en general, como un engranaje del sistema patriarcal», continuó el texto.

«La comunicación internacional interpuesta por la Defensoría General de la Nación ante el comité de la Cedaw demostró con claridad muchas de las problemáticas estructurales del sistema judicial argentino», remarcó el documento y apuntó que «muchas veces la justicia ordena medidas de forma estandarizada y automática sin atender las particularidades de cada caso».

Tras relatar con detalles el devenir judicial que llevó adelante Díaz, el texto oficial concluyó que «el tratamiento judicial del caso fue ineficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de Derechos Humanos» y que en el marco del acuerdo rubricado en 2019 «Argentina asumió el compromiso de adoptar un serie de medidas tendientes a asegurar una reparación integral a Olga y sus familiares y a garantizar que los hechos no vuelvan a repetirse en el futuro», así como también a llevar a cabo «acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia».

Fuente: La Mañana

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