El Máximo Tribunal dispuso que la policía deberá analizar cada caso antes de perseguir hasta su domicilio a un sospechoso de cometer un delito menor
La Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Lange v. California, con voto unánime estableció que, salvo en casos de emergencia, la policía necesitará una orden judicial para perseguir hasta su domicilio a los sospechosos de cometer un delito menor.
En el caso se analizó si la teoría de la “persecución en caliente” – hot pursuit – articulado por primera vez en el caso Alcaide v. Hayden de 1967, subsiste en los casos en los que se comete una falta o delito menor. La ley estadounidense permite a los agentes policiales perseguir y arrestar a una persona sospechosa de cometer
un delito ingresando en la propiedad privada sin autorización judicial en casos excepcionales.
El peticionante, Arthur Gregory Lange, fue perseguido por un oficial policial por conducir con la música muy fuerte y tocando repetidamente la bocina. El oficial comenzó a hacer señales de luces para que Lange se detenga, pero “en lugar de parar, continuó manejando e ingresó en el garaje de su domicilio”. Por tal motivo, el policía lo persiguió y comenzó a hacerle preguntas, notando en él cierto grado de intoxicación.
Para corroborarlo, el oficial le realizó el test de alcoholemia con el fin de determinar si presentaba alcohol en sangre, dando la evaluación resultado positivo, tres veces por encima del límite permitido por ley.
Por lo sucedido, un tribunal inferior había fallado en contra de Lange, sosteniendo que la persecución de un sospechoso, ya sea por un delito menor siempre “califica como una circunstancia apremiante que autoriza la intromisión en un domicilio sin autorización judicial” y cargó contra Lange el delito menor o la falta por circular bajo la influencia del alcohol. La Corte de Apelaciones de California mantuvo la posición, aceptando los argumentos esgrimidos por el tribunal.
Ante tal solución, la Corte Suprema anuló la sentencia recurrida y devolvió el caso para que el Tribunal resuelva en sentido contrario, respetando los argumentos esgrimidos por el Tribunal Superior.
La Juez Kagan, con voto en primer orden, aseveró que la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense exige una autorización judicial para ingresar en la propiedad privada de una persona en todos los casos, excepto cuando las “exigencias de la situación” lo sugieran necesario.
Sostuvo, a su vez, que el sistema del common law no presenta una regla categórica que permita a la policía ingresar a la propiedad privada para perseguir sospechosos de cometer delitos menores.
Según la magistrado, “la huida de un sospechoso de haber cometido un delito menor no siempre justifica una entrada sin orden judicial en un domicilio” y, por ello el “agente debe considerar todas las circunstancias en un caso de persecución para determinar si existe una emergencia policial”.
El Juez Supremo Brett Kavanaugh, aseveró que las circunstancias excepcionales para entrometerse en una propiedad ajena sin autorización judicial podrían ser, por ejemplo, una huida inminente del sospechoso, destrucción de evidencia o que otra persona se encuentre en peligro.
Finalmente, es plausible destacar que el Juez Clarence Thomas, estableció la regla general del “caso por caso”, en el cual la policía debe considerar cada situación en particular antes de proceder de determinada manera, calificandolo como una regla de exclusión federal
