Aparejado al cuestionamiento del Poder Judicial, legisladores del Frente de Todos proponen modificaciones en las leyes para combatir la violencia de género.
En lo que va de este año fueron presentadas dos proyectos de ley para combatir la violencia de género. Ambas, se apoyan en leyes que ya están establecidas, pero plantean una modificación para actualizar una problemática que todos los días presenta nuevas vertientes y desafíos.
La senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti y la diputada Cristina Álvarez Rodriguez presentaron sendos proyectos de ley en el Congreso que aúnan por que jueces y juezas adquieran perspectiva de género y que si sus sentencias o sus declaraciones en los medios masivos no lo reflejan podrían recibir apercibimientos de sancionarse estas nuevas normativas.
La diputada del Frente de Todos, Cristina Álvarez, presentó un proyecto para modificar la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Según la propuesta, se prevé incorporar a la ley un artículo 26 bis para que la víctima de violencia de género no deba notificar al agresor de las medidas preventivas urgentes dispuestas por la justicia, y que la responsabilidad sea del Poder Judicial.
«Proponemos que la notificación sea una carga del Poder Judicial y no quede sobre los hombros de la mujer que denuncia» afirmó la diputada, según la agencia de noticias Telam, y explicó que “actualmente, cuando la justicia dicta una perimetral, es la víctima la que tiene que ir a la comisaría a decirles hay una perimetral, actúen. Son procesos que están viciados».
Además, se dispone modificar el artículo 32 de la ley, que contempla las penas al victimario que viola las medidas preventivas, como la perimetral. Ante la denuncia y el incumplimiento de la sanción, la justicia deberá reverlas, modificarlas o ampliarlas para garantizar la protección de la víctima.
El segundo proyecto de ley es presentado por la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien planteóincorporar al artículo 55 de la ley 23.984 del Código Procesal Penal de la Nación un inciso 13,que plantea como una falta de los jueces “si manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género». En esa sintonía, se pidió la misma modificación al articulo 60 del Código Procesal Penal Federal como inciso “h”.
La tercer modificación que pide, es la incorporación como inciso “I” al artículo 16 de la ley 26.485 el texto que explica “a ser juzgadas con perspectiva de género y sin discriminación, contando con juzgadores y juzgadoras imparciales, siendo motivo de inhibición y recusación de magistrados y magistradas manifestar judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género.»
Según los fundamentos, la senadora aclaró: “No podemos llegar a otra conclusión que, un juez o jueza que no lleva adelante capacitación en perspectiva de género, se manifiesta públicamente en contra de la aplicación de la perspectiva de género, o hace uso de discursos y prácticas de odio y prejuicio, es un juez que adelanta opinión respecto a esa materia”.
En tanto, uno de los párrafos más fuertes señaló que “los y las jueces que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación que hemos desarrollado en las secciones anteriores, corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones”.
El segundo proyecto de ley es presentado por la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien planteóincorporar al artículo 55 de la ley 23.984 del Código Procesal Penal de la Nación un inciso 13,que plantea como una falta de los jueces “si manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género». En esa sintonía, se pidió la misma modificación al articulo 60 del Código Procesal Penal Federal como inciso “h”.
La tercer modificación que pide, es la incorporación como inciso “I” al artículo 16 de la ley 26.485 el texto que explica “a ser juzgadas con perspectiva de género y sin discriminación, contando con juzgadores y juzgadoras imparciales, siendo motivo de inhibición y recusación de magistrados y magistradas manifestar judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género.»
Según los fundamentos, la senadora aclaró: “No podemos llegar a otra conclusión que, un juez o jueza que no lleva adelante capacitación en perspectiva de género, se manifiesta públicamente en contra de la aplicación de la perspectiva de género, o hace uso de discursos y prácticas de odio y prejuicio, es un juez que adelanta opinión respecto a esa materia”.
En tanto, uno de los párrafos más fuertes señaló que “los y las jueces que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación que hemos desarrollado en las secciones anteriores, corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones”.
Fuente: Tiempo Judicial.
