A poco de comenzar el 2020, el espanto se adueñó del escenario global. China estaba muy lejos, pero cuando Italia y luego, España cayeron en un espiral epidemiológico que hizo colapsar los sistemas de salud, el mundo entero entornó su mirada al centro de Europa. El Imperio Británico, miraba con desdén desafiante la pandemia hasta que el propio Primer Ministro de Gran Bretaña sucumbiera ante el temido virus. En Argentina se comprendió que aquellos países de la mayoría de los ancestros de su población -desarrollados y modernos-, referenciaban lo que podía pasar. Y pasó. El virus arribó a la Argentina en los primeros días de marzo y en dos semanas se decretó un Aislamiento Social Obligatorio en todo el territorio nacional. Literalmente se paró el país. Como resultado las relaciones laborales se diferenciaron en esenciales, exceptuadas y aquellas que no lo fueron. Las primeras enfrentaron, en muchos casos, al Covid 19; Sectores como: Salud, seguridad, mantenimiento de servicios esenciales, transporte, supermercados y comercios de cercanía continuaron trabajando. El grueso de la población económicamente activa quedó en situación de incertidumbre. Algunos pudieron reconfigurar las prestaciones con home office, la mayoría no.
Asomada la cuarentena y el estancamiento casi total de la economía nacional se profundizó la protección contra el despido arbitrario, que ya a fines de 2019 se había acentuado con el DNU 34/2019 (B.O.13/12/2019), duplicando la indemnización por despidos sin justa causa. Sin remilgo, cuando la pandemia hizo pie en el hemisferio sur, el Poder Ejecutivo decretó la prohibición de despedir, tornando nulos tanto los despidos sin expresión de causa o fundados en razones económicas y fuerza mayor, como las suspensiones por causas económicas unilaterales o fuerza mayor, mediante el DNU 329 (B.O. 31/03/2020). Mantuvo la posibilidad de la concertación de las suspensiones mediante el mecanismo que establece el art. 223 bis de la LCT. Estas medidas estuvieron acompasadas de un oportuno y orientador acuerdo entre la UIA-CGT-CTA y el Estado, mediante el diálogo social, promovido por OIT antes de la pandemia dando la pauta de la concertación de las suspensiones con ingresos equivalentes al 75% de las remuneraciones para los trabajadores. Lo que fue una orientación no uniformemente seguida, pero una referencia válida, concertada y a la cual, por ejemplo siguió una de las Federaciones con más afiliados de la Argentina: Comercio y Servicios.
En paralelo a estas medidas, el Estado Nacional estipuló mediante variopintos decretos de Necesidad y Urgencia un elenco de mecanismos de ayuda a las empresas y monotributistas, sin perjuicio de ayudas sociales necesarias para sectores de la población poco favorecidos. Se contuvo el tejido social, como mejor entendieron que se podía contener.
El impacto superlativo de la pandemia dejó ver la necesidad de cambiar enfoques en las relaciones laborales, las cuales se reconfiguran en todo el mundo de acuerdo a lo que la tecnología que cada país pone al servicio de la producción mejorando estándares de calidad, eficacia y eficiencia. Sin embargo modificaciones de este calado tienen consecuencias socialmente relevantes, debido a que en forma directa, desalojan del mercado de trabajo a cientos de miles de trabajadores.
Lo descripto apunta hacia la conclusión de que la tecnología, y dentro de ella la automatización, no necesariamente mejorará el mundo en que vivimos, ya que el trabajo como lo conocimos es muy probable mute en un porcentaje importante, y sea residual en la próxima década. Es probable que desaparezcan gran parte de las tareas humanas en los sectores de construcción, manufactura, servicios, administración, analistas, atención al público, recepcionistas, conserjes, camareros, mozos, técnicos de todas las disciplinas, y modalidades de adquisición de bienes y servicios, como desapareció el fax, el contestador telefónico, la máquina de escribir, las llamadas de larga distancia, el teléfono fijo, y el celular que no es Smart, el cartero, el cajero, los rayos x, los video clubs, las fotos en papel. Casi todo será digital. Habrá lugar para mecanismos complejos, como un lujo, no una necesidad funcional instrumental.
En distintas investigaciones se fue advirtiendo esta tendencia. En los 80 Alvin Toffler, con La tercera ola1; Jeremy Rifquin en los 90 con El fin del trabajo2, o al final de la década Viviane Forrester, con El horror económico3. Y en los últimos tiempos, precisamente en 2013 la Universidad de Oxford publicó un estudio “pronosticando que el 47% de los empleos podría desaparecer en los próximos 15 o 20 años por la automatización”, que tomó y verificó in situ Andrés Oppenhaimer en Sálvese quien pueda4, haciendo asequible y global la conclusión. El trabajo humano está amenazado por la tecnología.
El gran desafío de este siglo será evitar el desempleo. El problema planteado globalmente consistirá en resolver el desafío que presenta la automatización y la digitalización que, envuelta en el desenfado del progreso, hacen a la robótica, las aplicaciones, algoritmos y la inteligencia artificial más económicas, eficaces y eficientes. La razón es muy simple. Se disminuyen los tiempos de producción, calidad de procesos y los costos de los mismos.
Derecho Laboral
Número
267
