I. Introducción
En este trabajo me ocupo de una decisión reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América: el caso “Kisor v. Willkie”.1 Este precedente analiza la llamada “doctrina de la deferencia”. Según esta doctrina el Poder Judicial debe otorgar una especial consideración a las interpretaciones de las agencias, en particular respecto a las regulaciones dictadas por ellas y que resultan especialmente ambiguas.
En lo que sigue, describiré sus propiedades fácticas. Básicamente, me interesa determinar el punto de controversia. Luego, haré lo mismo con los votos de los jueces intervinientes.
El caso resulta interesante por muchas razones. Pero, además, puede ser visto como una nueva y provocadora escena de una obra que viene desarrollándose desde los últimos años. En los Estados Unidos han resurgido las críticas sobre la constitucionalidad de las bases del llamado Administrative State (Estado Administrativo).2
Buscaré demostrar que existe un desacuerdo profundo respecto de la función que le cabe a los jueces al momento de controlar una disposición normativa. Este desacuerdo, a su vez, tiene un trasfondo teórico mayor que se relaciona con la discrecionalidad administrativa y, aún más, con algunas características del lenguaje natural. Sin embargo, este trabajo tiene unas pretensiones sumamente acotadas. Solo busco describir la posición de la USSC en el último caso y, quizás, el más trascendente de los últimos años sobre este tema.
Derecho Público
Número
45
