La ideología de género y la imposición de nuevos formatos de sexualidad y sus derechos correspondientes, incorporó el uso del lenguaje inclusivo y nuevas modalidades de interpretación que se inscribieron en la vida política, social y jurídica de nuestro país. Instalados e incentivados por los partidos políticos que encontraron en ello, una nueva forma de seducción votante. A tal efecto, se intenta imponer una visualización del mundo a la que hay que adherir, con el riesgo de quedar aislados por trogloditas en caso de cuestionar alguna de sus, muchas veces, endebles y ficcionales afirmaciones. Por ejemplo: según la misma, no agregar el femenino en nuestros discursos hoy en día nos convierte prácticamente en cavernícolas. Se impuso con relativa y maniquea aceptación en los sectores altos y medios, especialmente por comunicadores, políticos y funcionarios. Más progresistas se suponen (o simulan) más adeptos a la misma. Entre psicólogos no utilizar el lenguaje inclusivo te catapulta a la trinchera de la “antigüedad”. El Colegio de Psicólogos de Córdoba por decisión del grupo que lo gobierna actualmente (de evidente inclinación ideológica y por su decisión exclusiva e inconsulta con el resto de la comunidad Psi) es hoy Colegio de Psicologues. Raudamente la institución que nuclea a los profesionales psicólogos de Argentina (FEPRA) adhirió a las nuevas modalidades, con documentos de dudosa legalidad (y cientificidad) como la prohibición de aceptar el SAP (Síndrome de Alienación Parental) y cualquier sugerencia de instalación de discursos adultos en niños, muy frecuente en situaciones de conflictos parentales con involucración de niños. El argumento se basa en la credibilidad sin cuestionamiento de las denunciantes, en general madres.
Esto implica, que se pretenda avalar ciegamente denuncias de abuso sexual hacia niños (cada vez más frecuentes, las reales y las falsas) y ser señalados por un sector si se llegase a considerar que no tienen elementos suficientes de veracidad (o directamente de su falsedad), muchas veces con claros indicios de estar siendo utilizadas para dirimir conflictivas personales y de pareja en los tribunales, a sabiendas de los beneficios que les otorgan las nuevas leyes a las mujeres. Para quienes defendemos esta postura tan real, muchas veces genera repudio y casi condena a la hoguera por parte del fundamentalismo inquisitivo de ese sector.
La mayoría de los fiscales no se animan a sobreseer (ni siquiera a archivar las causas) aun siendo desestimadas las denuncias por sus propios equipos técnicos, porque los movimientos feministas radicalizados suelen amenazarlos o escracharlos en los medios. Las causas duermen en las fiscalías por años sin resolverse.
En esta avalancha de denuncias instrumentales de abuso sexual, se desconoce todo tipo de estadística cualitativa: cuánto demoran en promedio los procesos de investigación penal, cuántas son sobreseídas, cuántas archivadas, cuántas sin resolver por insuficientes indicadores de ocurrencia, y cuántas son probadamente falsas denuncias (y no se sancionan). Dar a conocer estos datos expondría el fracaso de una política de Estado que destina cifras multimillonarias en Ministerios, Secretarias, Observatorios, Fiscalías y múltiples instituciones para abordar la violencia contra niños y mujeres, pero que no ha logrado disminuir ni un solo femicidio, abusos, maltratos, ni otras violencias. No obstante, sus “políticas” siguen siendo prioridad de asignación económica. Tal es así el fabuloso presupuesto que el Estado les asigna.
Familia & Niñez
Número
236
Fuero: Familia,
Voces:ideología de género, maltrato y abuso infantil, intervenciones judiciales,
