El caso: En las siguientes líneas, analizaremos la sentencia del titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Pablo G. Cayssials, en la causa “Universidad Nacional de La Matanza c/ EN-M. Cultura y Educación s/ Amparo Ley 16986”, dictada en Marzo del año 2016.
En el expediente, la Casa de Altos Estudios se presentó por vía de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la ley 27204 (que modificaba a la primigenia 24521) los que, consideraba, afectaban a la autonomía y autarquía universitaria, consagrada en la Constitución Nacional.
II. Sobre el fondo del asunto
Nos encontramos frente a una causa en el que una Universidad, amparando sus derechos en la Constitución Nacional, solicita al Poder Judicial la declaración de inconstitucionalidad de una ley dictada por el Congreso que ha tenido una serie de apoyos y rechazos que traspasaron las barreras de la comunidad jurídica, para adentrarse en el debate social.
En los últimos meses del año 2015, cuando se dictó la ley, se perseguía un fin lícito: propender por medio de una norma legal a la ruptura de barreras que impiden el acceso a la Universidad a los ciudadanos, lo que lleva consigo un diálogo implícito acerca de la igualdad. Esta norma se adentró en las discusiones de los cuatro claustros que componen la vida universitaria: alumnos, docentes, no docentes y egresados. Todos y cada uno esgrimieron su parecer, manifestando su apoyo o su reticencia por distintos medios a una norma que amplía sobremanera la limitación existente de hecho para ingresar a la vida universitaria.
Lo que reposa en el fondo de la discusión que se llevó al tribunal es, ni más ni menos, que la problematización de la relación entre distintos componentes que hacen a la calidad de los estudios que se prestan en las aulas, los que trasuntan desde cuestiones de financiamiento hasta el contenido y alcance mismo del derecho a la autonomía y autarquía universitaria.
El fallo, por esto, tiene la característica de ser -al mismo tiempo- antecedente y precedente en numerosas presentaciones que podrían darse lugar por la posible intromisión del Estado en cuestiones que, prima facie, están garantizadas por la Carta Magna a las Universidades.
Derecho Público
Número
23
