Dos mujeres que fueron despedidas el mes pasado mientras cursaban una licencia psiquiátrica, una de ellas embarazada, acusaron al director de una multinacional -que fue quien tomó esta determinación- por hostigamiento, maltrato y acoso laboral.
Las daminificadas denunciaron ante la fiscal penal Claudia Barcia que desde aproximadamente el 2015 están sufriendo violencia de parte del directivo y ahora la jueza Alejandra Doti determinó que el acusado no podrá ingresar o acercarse a la empresa (a menos de 300 metros) por el plazo de 4 meses.
La medida, que entró en vigencia desde este lunes, se trata de un fallo inédito, y permite demostrar «la asimetría y el abuso de poder que se evidencia con la preeminencia jerárquica del imputado respecto de las denunciantes», según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.
En la denuncia se detalla que el jefe golpeaba los escritorios cuando les hablaba, les gritaba, arrojaba objetos agresivamente, exigía que le den sus teléfonos celulares para revisarlos y las llamaba fuera de su horario laboral, además de obligarlas a realizar tareas estando de vacaciones, según informa Clarín.
«Si hablan con Fulano, o no me ponen en copia en el mail, van a tener problemas conmigo», «Son unas traidoras» o «Sos una pelotuda», eran algunas de las frases recurrentes del director a sus empleadas, consta en la causa.
La obsesión hacia Fernanda y Marcela (nombres de fantasía de las dos mujeres) llegó al punto de que las obligaba a pasarle su ubicación física y específica cuando no estaban en la oficina. También, a mostrarse flexibles e incondicionales para atenderlo las veces que él las llamaba, que eran numerosas al día.
Las estadísticas en Argentina y en el mundo indican que las mujeres son las principales víctimas de la violencia y el acoso laboral y sexual en los ámbitos laborales «y la experiencia muestra que hay pocas herramientas para afrontarlas. En este caso, tal vez por la repetición y las consecuencias graves en la salud de las mujeres de la empresa, el caso llegó a la justicia de la Ciudad y se consideró acreditada la situación de hostigamiento», analiza Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero).
Fuente: iProfesional
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