La fiscal del caso y los titulares de la Procelac estiman que hay motivos para sospechar de que les pagaron a funcionarios de El Salvador para lograr la adjudicación de un contrato.
Tal como reclamaron la fiscal Paloma Ochoa y los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, el juez federal Sebastián Ramos citó a indagatoria a los directivos de la empresa argentina Unetel SA, en el marco de la investigación en su contra por el presunto pago indebido de aproximadamente medio millón de dólares a funcionarios públicos de El Salvador. En su presentación conjunta, los agentes consideraron que hay motivos fundados para sospechar que los ejecutivos ofrecieron y efectuaron pagos a la empresa salvadoreña Sipago, con el objetivo de resultar adjudicatarios de un contrato de licitación para el nuevo sistema de gestión de flota para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en aquel país. En contraprestación, los titulares de la firma salvadoreña se habrían obligado a proporcionarles datos relevantes del proyecto; asesoramiento de carácter general y particular; intermediación con las autoridades competentes e información sobre las actividades de la competencia, entre otros.
En este sentido, los fiscales concluyeron que las pruebas reunidas en la pesquisa permitían corroborar la hipótesis planteada desde el inicio, en consonancia con los estándares internacionales de soborno reflejados en el Manual para Investigadores Fiscales de la OCDE. El caso fue descubierto por la Procelac, que inició una investigación preliminar y realizó la denuncia en abril de 2017. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal Número 2, con intervención de la fiscal Ochoa, quien impulsó la investigación y le propuso al juez numerosas diligencias que generaron avances en la instrucción.
Fuente: Comercio y Justicia
