Se trata de la firma Pyramis, que supuestamente funcionó como un banco clandestino.
A los encartados se les enrostra canalizar a la economía formal millonarias sumas obtenidas de intermediación financiera no autorizada. El Juzgado Federal Número 2 de Corrientes, a cargo de Juan Carlos Vallejos, procesó con prisión preventiva a los principales directivos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis, en el marco de una causa en la cual se investiga la presunta canalización a la economía formal -principalmente, a través de la compra de vehículos de alta gama e inmuebles- de millonarios fondos obtenidos de manera ilegal a través de intermediación financiera no autorizada, un delito por el que ya cuentan con procesamiento confirmado por la Cámara Federal de aquella provincia. La medida involucra a Mario, Lisandro y Horacio Boschetti y a César Gelmi, todos integrantes del consejo de administración de la cooperativa. También alcanzó a Alfonso Siviero, Ana Alonso y Carlos Contreras, quienes operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios.
En la pesquisa que llevó adelante la Fiscalía Federal Número 1, a cargo de Flavio Ferrini, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se constató que al menos desde 2012 y hasta octubre de 2015 Pyramis funcionó como un banco clandestino. Bajo la fachada de una cooperativa, la entidad desarrolló una operatoria caracterizada por la captación de fondos del público que luego eran utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques y operaciones cambiarias. En los allanamientos ordenados en el marco de la pesquisa se logró acreditar, incluso, que le ofrecía a sus clientes -tanto asociados como terceros ajenos- el servicio de cajas de seguridad. La actividad desplegada fuera de la órbita del Banco Central de la República Argentina (BCRA) le permitió a la cooperativa obtener alrededor de $68,5 millones y al menos 212 clientes. En tanto, la instrucción puso en evidencia los vínculos económicos que mantenía con una gran cantidad de personas jurídicas, a pesar de que su estatuto sólo permitía asociarse a las personas de existencia visible. Se logró establecer así el modus operandi mediante el cual recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques y/o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero.
Según el auto de procesamiento, los imputados utilizaron los cuantiosos recursos obtenidos de la intermediación financiera no autorizada para sostener y retroalimentar el funcionamiento de la cooperativa, pero también -fundamentalmente- para volcar a la economía formal activos originados ilícitamente y, de este modo, facilitarle a las personas investigadas su mejor disfrute. La resolución enumeró y precisó los significativos crecimientos patrimoniales registrados por cada uno de los encausados; en especial, a partir de la adquisición de una importante cantidad de inmuebles, vehículos de alta gama e inversiones en fideicomisos inmobiliarios.
El análisis de la información referida a la titularidad de automotores y derechos patrimoniales (ya sea mediante boletos o contratos de compraventa) durante 2012 y 2016 identificó 25 vehículos de alta gama -(BMW, Ferrari y Porsche, entre otros) vinculados a tan sólo uno de los acusados, lo que sumado a las inversiones inmobiliarias y la tenencia de dinero en efectivo permitió dimensionar las maniobras bajo análisis. “Con el producido de la intermediación financiera no autorizada se efectuó la adquisición, administración y disposición de bienes inmuebles y rodados, así como la celebración de distintos contratos vinculados al rubro de la construcción que facilitaron la aplicación e inversión de fondos, tales como fideicomisos y locaciones de obras, lo que permitió dotar de mayor opacidad al origen de los fondos, maniobras características del delito de lavado de activos de origen delictivo”, concluyó el juez.
Fuente: Comercio y Justicia
