A pesar de que la Cámara de Casación de Lomas de Zamora archivó el caso porque pasaron casi 20 años del hecho, el juez de Garantías N°8 ordenó avanzar en la investigación para reparar de manera simbólica a la víctima.
Tenía apenas 10 años cuando empezó a vivir un verdadero calvario. Tan traumático fue por lo que tuvo que pasar que guardó silencio. Lo hizo durante años. Masticó bronca y dolor. Hasta que en 2014 tomó fuerzas y se animó a denunciar lo que le había pasado en la Justicia: un pariente cercano la había violado ininterrumpidamente entre 1994 y el 2000.
El caso fue desestimado por la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora y el Tribunal de Casación Penal porque consideraron que el delito ya había prescripto. Pero, ahora, en un fallo inédito, el juez de Garantías Gabriel Vitale determinó que el Estado tiene la obligación de investigar de manera simbólica el hecho y llevar adelante un «Juicio por la Verdad».
Un «Juicio por la Verdad» constituye un procedimiento judicial sin efectos penales pero que busca otorgar de una manera una reparación a la víctima. En Argentina este sistema se aplicó para los casos de violación de los derechos humanos, frente a la sanción de las leyes de Obediencia Debida y a los indultos a los integrantes de las Juntas militares.
Vitale consideró que la imposibilidad de investigar los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, por prescripción de la causa, “cancela (por el momento) el derecho de la víctima a que ‘su verdad’ sea discutida públicamente”. Por eso decidió iniciar una investigación para que los delitos, a pesar del tiempo transcurrido, no queden impunes
La mujer, ya mayor de edad, (cuyo nombre no trascendió para preservar su integridad) denunció los abusos el 22 de diciembre de 2014 ante la Unidad Funcional de Instrucción y N° 1 de Esteban Echeverría. La causa pasó por distintas instancias y finalmente se archivó.
Cuando el acusado fue notificado por la Justicia, su abogado particular, en ejercicio de la defensa, interpuso la excepción de prescripción de la acción penal, al interpretar que el plazo previsto se encontraba cumplido a la fecha de la presentación de la denuncia (12 años a partir de la mayoría de edad de la víctima, que actualmente tiene 36 años).
“Esto significa que el abogado defensor plantea la renuncia del Estado a la persecución de estos delitos por el transcurso del tiempo”, consideró Vitale.
El magistrado resolvió no hacer lugar a la extinción de la acción penal, y resaltó la importancia de investigar estos delitos de conformidad con la últimas reformas realizadas al Código Procesal, que otorga más derechos a la víctima en especial, en casos de violación.
“Es una cuestión de estricta justicia, ya que negarle a la víctima el derecho a que se investiguen los sucesos denunciados en miras de salvaguardar el principio de legalidad, podría resultar en desconocer los principios de interés superior del niño y de su derecho al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva”, remarcó el juez.
Ante la decisión del Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora se espera que la defensa del acusado apele la resolución y entonces deba ser tratada en los Tribunales superiores. Ahora habrá que esperar qué es lo que dete
No obstante la decisión del magistrado, lo esperable es que la defensa del acusado (cuya identidad tampoco trascendió para preservar la privacidad de la víctima) también apele esta decisión, que deberá entonces ser tratada por los tribunales superiores.
Fuente: La union
