El juez Claudio Bonadio procesó al empresario y dueño y CEO de Techint, Paolo Rocca, como presunto miembro de la asociación ilícita presuntamente comandada por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner para recaudar fondos ilegales.
Para el magistrado, quedó comprobado el pago de coimas por parte de la compañía a ex funcionarios, para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela. Bonadio también decidió procesar a Juan Manuel Abal Medina y a su ex secretario privado, Hugo Larraburu, entre otros, y amplió el procesamiento contra Julio de Vido por la admisión de dádivas. Bonadio insiste con que a lo largo de la pesquisa se pudo determinar la existencia de una organización criminal que, instruida por las máximas autoridades del anterior Gobierno y del ministerio de Planificación Federal, diseñó un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos para la comisión de otros delitos. El magistrado indicó que para que la maniobra se concretara fue necesaria la participación de funcionarios públicos y del sector empresarial que recibía contratos del Estado. Bonadio recordó que entre las empresas que pagaban sobornos figuraban dos directivos de Techint, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, quienes habrían realizado diferentes entregas de fondos a Roberto Baratta.
La citación a indagatoria de Rocca se originó después de que se incorporó nueva documentación al expediente, en la declaración como arrepentido del ex directivo de la compañía, Zabaleta, y en la indagatoria de Betnaza, actual integrante de Techint, quien admitió pagos por al menos US$200.000 a ex funcionarios kirchneristas. Se detectaron ocho coimas de directivos de Techint y, para el juez, Rocca no podía desconocer su existencia. En su defensa, el CEO dijo que los pagos se hicieron en el marco de urgencia por la expropiación de la empresa Sidor y la prohibición de salir de Venezuela a los argentinos que trabajaban allí, ordenada por el gobierno chavista. “Operábamos en Venezuela la mayor siderúrgica de América Latina. En los últimos años, desde 2007, el hostigamiento de Hugo Chávez fue cada vez más fuerte, hasta que decidió la expropiación. Fue complejo, con amenazas, con violencia. La retirada que tuvimos que hacer entre abril y diciembre de 2008 fue complicada, con un período de militarización de la empresa, más la repatriación de nuestra gente”, afirmó. De esa manera, buscó deslindar su responsabilidad y señaló que Betnaza tenía autonomía. Sin embargo, Bonadio lo acusa de haber participado en negociaciones por las que se habrían efectuado los pagos ilegales investigados.
Fuente: Comercio y Justicia
