El juez federal Claudio Bonadio tenía anoche a la firma una gigantesca resolución
con la que procesará con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Kirchner como
jefa de una asociación ilícita conformada por funcionarios públicos que recaudaban
dinero negro de empresarios que eran beneficiados con contratos millonarios de
infraestructura.
Para llegar a esa decisión, resultó clave el testimonio del exsecretario de Obras Públicas
José López : fuentes con conocimiento de la causa indicaron a LA NACION que en su
confesión dijo que al morir Néstor Kirchner ella lo citó para avisarle que desde ese
momento asumía el control de las operaciones que hasta entonces había gestionado su
esposo.
La magnitud de la sentencia, en la que se citan las evidencias y se glosan las
declaraciones de los «arrepentidos» que involucraron a otros acusados, es tal que los
colaboradores del juez, que se habían propuesto terminar anoche, seguían trabajando
al cierre de esta edición. El fallo se conocería la semana próxima.
Allí se señalará al exministro Julio De Vido y a su mano derecha, Roberto Baratta ,
como los organizadores de la asociación ilícita, indicaron fuentes judiciales.
Los empresarios que confesaron haber pagado sobornos quedarían englobados en dos
grupos. En uno estarán los que integraban el mecanismo recaudador, como el
expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Carlos Wagner y el
financista Ernesto Clarens, que serían considerados miembros de la asociación ilícita
junto con los exfuncionarios.
Otro grupo de empresarios que confesaron haber pagado sobornos quedarían acusados
de partícipes de cohecho, un delito menos grave (aunque más severo que el de
aportantes de dádivas, que es el que imaginan sus defensores). Sin embargo, no está
descartado que el juez finalmente los sume a la organización criminal.
Los empresarios que confesaron haber hecho pagos ilegales son Juan Chediak, Wagner,
el primo del Presidente Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (ambos por Iecsa,
la empresa que fundó Franco Macri), Gabriel Romero (Hidrovía), Aldo Roggio, Enrique, Pescarmona, Francisco Valenti, Héctor Zavaleta (ex-Techint), Juan Carlos de
Goycoechea, Armando Lozon, Claudio Glazman y Alberto Taselli.
Todos están libres, excepto Sergio Taselli, hermano de Alberto, que quedó preso al
igual que Carlos Mundin, de BTU; Néstor Otero, de la Terminal de Retiro; Raúl Vertúa;
Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Juan Carlos Lascurain, exvicepresidente de la
UIA. Todos los detenidos no integran la lista de arrepentidos y seguramente serán
procesados con prisión preventiva. Está prófugo aún Oscar Thomas, de Yacyretá.
La asociación ilícita se castiga con una pena máxima de 10 años de prisión y el cohecho
con seis años como máximo. Pero los mínimos son mucho más bajos y en todo caso, si
los empresarios confesos son condenados como arrepentidos pueden tener una
reducción de pena que les permitiría recibir una condena de ejecución condicional, es
decir que no irían presos.
Si De Vido o Baratta están presos como integrantes de la asociación ilícita, para
procesar a la jefa Cristina Kirchner y dictarle prisión preventiva Bonadio debería pedir nuevamente al Senado su desafuero. Esta medida ya la solicitó el mismo juez en otro
caso, el de la denuncia de Alberto Nisman por encubrimiento en la causa AMIA.
Distinto es el rol de los exfuncionarios confesos, como José López o Claudio Uberti, que
serían considerados integrantes de la asociación, pero a la hora del juicio se
considerarían sus aportes.
Los aportes de López fueron determinantes para construir el procesamiento de Cristina
Kirchner como jefa de la asociación ilícita. El exfuncionario confesó que muerto Néstor
Kirchner, la expresidenta lo citó y le mostró otros cuadernos, no los de esta causa , sino
los que escribía su marido fallecido. Allí estaban registrados los negocios sobre los que
hablaron los arrepentidos.
López le explicó las anotaciones, los porcentajes y el rol de cada uno. Cuando Cristina le
preguntó por los demás funcionarios, López le dijo que lo desconocía, que las líneas de
recaudación eran independientes. Allí la expresidenta le dio indicaciones sobre cómo
continuar con el mecanismo de recaudación. De algún modo, López la puso como
«heredera» de la jefatura de la asociación ilícita.
López además dijo que el dinero de los bolsos que revoleó en el convento de General
Rodríguez provenían de este mecanismo de recaudación y que se los dieron para que
los escondiera. Allí involucró nuevamente a la expresidenta.
El otro relato importante es el de Clarens. El financista colocó a Cristina Kirchner como
destinataria del dinero y la puso en un rol de manejo de esos fondos. Habló de cómo se
repartían las obras públicas entre los empresarios de la Cámara Argentina de la
Construcción, dejando un porcentaje del anticipo financiero como coima lo que
coinciden con la declaración de Wagner. Y contó que como recaudador llevaba la plata
al departamento de Cristina Kirchner en Uruguay y Juncal, en Recoleta, donde la
recibía Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner.
Capítulo aparte es el destino del dinero de esta organización. Clarens dijo que supone
que estaban enterrados en el sur y que Muñoz le dijo que la plata iba en aviones
oficiales directo a una bóveda metálica de la casa de los Kirchner en El Calafate.
Bonadio allanó esa casa y encontró lo que considera que es una bóveda. La describió así
en una de sus últimas resoluciones: «Un ambiente de reducidas dimensiones, con losa de hormigón y paredes metálicas, utilizado como bóveda, ubicado en el espacio
lindante a la escalera que comunica al subsuelo con la cocina del inmueble».
Tras pasar por allí Clarens especuló con que podría haber dinero enterrado en el sur. Y
recordó que en un momento Lázaro Báez le preguntó en qué invertir y él le aconsejó
que comprara activos, como propiedades o negocios.
Esta cita alimenta una de las ideas del juez: que el dinero de la corrupción es parte del
que usó Lázaro Báez para construir su imperio.
Fuente: – LA NACION
