El máximo tribunal en el país decidió que no atenderá una apelación que impugna los límites impuestos por las autoridades como medida de protección de la salud pública a las reuniones religiosas durante la pandemia del Covid-19.
Este fallo significa también un respaldo significativo para las autoridades de salud de Columbia Británica y cierra los caminos legales a las acciones de los líderes religiosos involucrados.
La Corte Suprema de Canadá se negó a escuchar el caso de las iglesias de Fraser Valley, en Columbia Británica, que argumentaban que las reglas de salud pública violaron los derechos inscritos en la Carta de derechos y libertades de Canadá al prohibir los servicios religiosos en espacios interiores durante el período más duro de la pandemia.
El Covid-19 causó la muerte de más de 53.000 personas e infectó a cerca de cinco millones de personas en el país.
Estamos decepcionados de que la Corte Suprema de Canadá haya rechazado nuestra solicitud de permiso para apelar en este asunto
, dijo en un comunicado Marty Moore, del Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales.
La responsable de salud de Columbia Británica, la doctora Bonnie Henry, estableció medidas de protección de la salud que prohibían las reuniones religiosas puertas adentro durante la segunda ola de infecciones en la provincia a fines de 2020.
El grupo religioso, que incluye a pastores y otros líderes de las localidades de Chilliwack, Abbotsford y Langley, solicitó la oportunidad de apelar ante la Corte Suprema de Canadá después de perder su caso ante los tribunales de Columbia Británica.
Como es costumbre, la Corte Suprema de Canadá no dio explicaciones sobre los motivos de su decisión de negar la autorización para apelar el primer fallo.
Las solicitudes de comentarios comunicadas a la oficina de la doctora Henry fueron dirigidas a la oficina del Fiscal general de Columbia Británica, que se negó a responder.
LA CORTE DE COLUMBIA BRITÁNICA UNÁNIMEMENTE A FAVOR DE LA ORDEN
En una decisión unánime en diciembre, la Corte de Apelación de Columbia Británica dijo que las órdenes de la doctora Bonnie Henry estaban justificadas bajo dos pruebas legales críticas, incluso si violaban las libertades constitucionales de los canadienses.
Ese fallo se produjo después de que los grupos religiosos apelaron una decisión de la Corte Suprema de Columbia Británica que también apoyó las medidas del gobierno, en relación con una petición que buscaba una declaración que diga que las órdenes de Henry habían infringido sus libertades religiosas.
La petición inicial fue lanzada en 2021 por un grupo de pastores de Fraser Valley y Alan Beaudoin, un hombre descrito por un tribunal inferior como un activista
que se involucra en la defensa tanto de lo que considera sus propios derechos como los de los demás
El fallo de la Corte Suprema de Columbia Británica encontró que las primeras iteraciones de la orden de Henry violaron el derecho de Beaudoin a la libertad de expresión y que la infracción de esos derechos por esas órdenes no puede justificarse de manera demostrable en una sociedad libre y democrática
.
Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Columbia Británica, Christopher Hinkson, dijo que los pastores no tenían derecho a impugnar las órdenes, porque el proceso en virtud del cual pidieron a Henry una reconsideración solo permitía una revisión judicial de la reconsideración en sí, no de la orden que la sustenta.
Independientemente, Hinkson dijo que las órdenes de Henry se justificaban de acuerdo a una sección de la Carta de derechos y libertades de Canadá que permite a los gobiernos poner límites a los derechos y libertades en ciertas circunstancias.
En su fallo posterior, la Corte de Apelaciones de esa provincia dijo que el presidente de la Corte Suprema de Columbia Británica, Christopher Hinkson, tenía razón al aplicar una prueba legal que dice que las decisiones administrativas como la de Henry deben reflejar un equilibrio proporcionado de la protección de la Carta
con el mandato legal de la doctora Henry.
Los jueces de la Corte de apelaciones dijeron que Henry estableció órdenes por un lapso limitado y específicas para restringir las actividades que ella consideraba más probables de fomentar la transmisión generalizada del virus
.
Ella estaba especialmente calificada para tomar estas decisiones
, destacó la decisión de la Corte de apelación. El ejercicio de su juicio debe recibir deferencia
, añadió.
Fuente: ici.radio-canada.ca
